Crimen organizado no da respiro en ningún país
La Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Suiza, publicó en setiembre del 2023 su índice, cuyo resultado revela que el crimen organizado es el mayor desafío mundial y plantea que debemos hacer más para encarar la influencia de las economías ilícitas en la gobernanza y en el bienestar.
La pandemia alimentó la dinámica del crimen organizado, atizada por conflictos y división política, guerras abiertas, escándalos de corrupción a gran escala en América Latina y relaciones tensas entre potencias.
La economía ilícita predominante revela la peligrosa naturaleza lucrativa del crimen organizado. De esa forma, es un enorme riesgo para la seguridad, el desarrollo y la justicia, y constituye al mismo tiempo un obstáculo poderoso para la acción colectiva.
El índice consta de dos componentes: la criminalidad en función de sus niveles y escala, y la resiliencia para resistir o contrarrestar sus capacidades.
La criminalidad, a su vez, se compone de los mercados criminales y los actores criminales. El primero se define como los sistemas políticos, sociales y económicos relacionados con todas las etapas del comercio ilícito o la explotación de bienes o personas.
Los mercados criminales son la trata y tráfico de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el comercio de productos falsificados o bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, delitos contra la flora, fauna y los recursos no renovables, el comercio de heroína, cocaína, cannabis y drogas sintéticas, y los dependientes de la cibernética y las finanzas.
El subcomponente de actores criminales se ocupa de la estructura e influencia de cinco tipos de actores criminales: mafiosos, redes criminales, y actores integrados al Estado, extranjeros o del sector privado. El reporte define la resiliencia como la capacidad para resistir y desmantelar las actividades delictivas en su conjunto, en lugar de mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales.
Es el conjunto de acciones que toman en los países los actores estatales y no estatales. Se mide por medio de indicadores o elementos básicos de las sociedades para brindar respuestas holísticas y sostenibles al crimen organizado: liderazgo político y gobernanza, transparencia gubernamental y rendición de cuentas, cooperación internacional, políticas y leyes nacionales, sistema judicial y detención, cuerpos de seguridad, integridad territorial, lucha contra el lavado de dinero, capacidad de regulación económica, apoyo a víctimas y testigos, prevención y actores no estatales.
Según los resultados del índice, los delitos financieros son omnipresentes y buscan víctimas en todo el espectro social y económico, desde grandes empresas hasta individuos.
Otra conclusión relevante es que en los dos últimos años las respuestas en gran medida se han sesgado hacia los mecanismos institucionales, soslayando las vulnerabilidades sociales y estructurales que facilitan el arraigo de la criminalidad.
El panorama mundial en el 2024 no puede ser más desalentador. En América Latina, los Estados están perdiendo la batalla, por eso se lanzan iniciativas como un tratado de seguridad para América del Norte; senadores estadounidenses proponen declararle la guerra al cartel Jalisco Nueva Generación mediante una legislación, etc.
Está confirmada la presencia de la mafia italiana y albanesa y el trabajo colaborativo con las distintas expresiones organizativas de la criminalidad regional.
Mientras tanto, en Costa Rica, es inaudito escuchar a los funcionarios de seguridad y al presidente todos los miércoles hablar de la incautación de cocaína como un gran logro, cuando el hecho real es que el crimen en el 2023 impuso nuevos récords, y el sicariato no se detiene.
Pueden morir personas diariamente y al mismo tiempo la reproducción de bandas y el reclutamiento no se detienen. Mientras la droga siga llegando desde los países productores y la producción no se controle, el negocio continuará como modo de sobrevivencia para la población excluida.
El índice es un instrumento de una utilidad extraordinaria para la sociedad, en vista de la incapacidad institucional pública.
Las respuestas en gran medida se han sesgado hacia los mecanismos institucionales