Gobierno descarta investigar contrato con Bulgarelli
› Ministra señala supuesta responsabilidad de exjefe de Comunicación
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, descartó que el gobierno vaya a investigar posibles responsabilidades de funcionarios públicos en la gestión del contrato adjudicado al empresario Christian Bulgarelli Rojas, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial con $405.000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Bulgarelli elaboró los requisitos, de manera que se adaptaran a su empresa RMC La Productora S. A. –conocida como Nocaut–, y luego ganó la licitación pública del BCIE. La jerarca indicó que la Dirección de Comunicación de Presidencia, en ese momento a cargo de Armando Gómez Ordóñez, era la responsable de supervisar los términos de referencia.
Díaz alegó que ya existe un proceso en la Fiscalía General sobre el tema y una investigación interna en el BCIE, la cual recientemente concluyó que Bulgarelli “pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión”. Adujo que los fondos asignados para esa contratación no son públicos y, por lo tanto, no le aplica la normativa nacional, ya que la entidad financiera contrató directamente al empresario por medio de un concurso internacional.
Añadió que el dinero donado por el Banco no ingresó al Presupuesto Nacional de la República. El gobierno de Rodrigo Chaves optó por el mismo esquema que usó Óscar Arias (2006-2010): Ejecutar los fondos por medio de un ente externo, fuera de los controles de transparencia del sector público.
Durante el mandato de Laura Chinchilla (2010-2014) el manejo fue diferente. Los recursos fueron depositados en el presupuesto de la Presidencia, con lo cual, las contrataciones sí estuvieron sujetas a las normas de control público.
Díaz fue cuestionada este lunes sobre el tema, durante una comparecencia ante la comisión que investiga los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la donación del BCIE que incluyó otros rubros y ascendió a $1 millón.
La diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le preguntó si el BCIE era el encargado de revisar el proceso de contratación, porque “es el que se está viendo afectado”, en vista que “no hubo un manejo transparente” en la contratación de Bulgarelli.
Díaz contestó afirmativamente, y dijo que por eso la entidad comunicó, el pasado 22 de febrero, que el productor audiovisual “pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención del contrato.
Estos resultados fueron criticados por el expresidente del BCIE, Dante Mossi, quien explicó a La Nación que la entidad financiera tuvo que haber escuchado previamente al empresario, para determinar si fue instruido para actuar como que lo hizo.
Igualmente, precisó que el BCIE no recibe términos de referencia de ningún privado, sino que deben venir directamente del gobierno beneficiario de la donación.
Los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresaron su desacuerdo con la postura tomada por la jerarca y cuestionaron la “resistencia” del Gobierno a iniciar una investigación sobre el tema.
Gómez responsable. Díaz, señaló a Armando Gómez, exdirector de Comunicación de Casa Presidencial, como el responsable de supervisar los términos de referencia del contrato adjudicado Bulgarelli.
Ante una consulta de la diputada Vanesa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Díaz alegó que Gómez debió revisar los requisitos del contrato e identificar las similitudes entre las condiciones redactadas por Bulgarelli y los servicios de su empresa.
Agregó que ella firmó la contratación confiada en que la parte técnica se había encargado de la supervisión.
Ante la comisión legislativa, Díaz dijo que el área dirigida por Gómez era el ente técnico responsable de supervisar el conjunto de requisitos.
Según su declaración, en vista de que el Ministerio de Comunicación es un ministerio sin cartera, se decidió que la Dirección de Comunicación se encargaría de la contratación.
“Ellos elaboran eso, lo trasladan, eso se envía al Banco y, con base en eso, el Banco procede a hacer la licitación para elegir a la persona que va a ser contratada para esos efectos, ese es el procedimiento correcto”, argumentó la jerarca.
Igualmente, Díaz dijo que, al ser la Dirección de Comunicación una instancia adscrita a la Presidencia de la República, Gómez no era subalterno suyo y tampoco de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro.
“Él tiene su jefatura porque es una Dirección. Patricia le apoyaba y coadyuvaba en la parte del Ministerio, desde el punto de vista de Comunicación, porque es una ministra sin cartera, pero la Dirección es la responsable de todo lo que se haga a nivel de Comunicación, también”, adujo.
La ministra aseguró, varias veces y bajo juramento, que se enteró por los medios de comunicación de la participación de Bulgarelli en la redacción de los términos de referencia.
Díaz indicó que tampoco participó en la definición de los componentes en los que se dividió el $1 millón y que esa decisión estuvo a cargo del presidente de la República Rodrigo Chaves.