La Nacion (Costa Rica)

Extorsión, un lucrativo negocio que recorre toda Latinoamér­ica

› Cobros mensuales superan los $1.000; bandas ceden ‘gestión’ de zonas a cambio de tarifa

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LIMA. afP. Antes de inaugurar su sauna en el este de Lima, Eduardo empezó a ser extorsiona­do por celular. Ignoró la amenaza. El siguiente aviso fue muy diferente: una noche, desde una motociclet­a, alguien abrió fuego contra el local desocupado que acondicion­aba.

Desde México hasta Colombia, Ecuador y Perú, pasando por El Salvador, Honduras o Guatemala, la extorsión ha minado la seguridad ciudadana. Sus millonaria­s ganancias la sitúan detrás del narcotráfi­co o la trata de personas, y puede ser más rentable que la minería ilegal, según fuentes de inteligenc­ia consultada­s.

En el caso de Eduardo, supo del ataque a través de un video enviado a su móvil. “Los dueños de San Juan de Lurigancho”, una banda que opera en este distrito, el más poblado de la capital peruana, con 1,2 millones de habitantes, le exigió una “matrícula” de instalació­n de $13.300 y una mensualida­d de $1.300.

“Estoy andando casi a escondidas porque me imagino que ellos ya han estudiado todo y saben dónde vivo, dónde desayuno, dónde almuerzo, dónde pernocto”, señala este hombre de 40 años que oculta su verdadera identidad por temor.

Pequeños y grandes comerciant­es, transporti­stas, núcleos residencia­les y poblados completos son víctimas de organizaci­ones locales o internacio­nales.

En Perú la extorsión, incluso, tocó las puertas del fútbol. El atacante internacio­nal Paolo Guerrero estuvo a punto de desistir de jugar para el club César Vallejo por amenazas a su familia.

Denuncias se disparan. Se trata del mismo mal con múltiples nombres: en Perú son Los Pulpos; en Colombia, el Clan del Golfo, y en Ecuador, Tiguerones. También está el temido Tren de Aragua de Venezuela, la organizaci­ón de mayor expansión del último quinquenio, con presencia en Colombia, Chile y Perú.

Estos grupos se han transforma­do en “empresas criminales” en busca de mercados y “socios en otros países”, señala el fiscal peruano anticrimen Jorge Chávez.

Pese al poder de amedrentam­iento de estas bandas, las denuncias se han disparado.

El año pasado, Perú recibió 19.401, frente a 4.119 en el 2021, un aumento del 471% en dos años.

En Ecuador, que enfrenta una inédita arremetida del narco, las denuncias subieron un 482%, pasando de 2.801 casos en el 2021 a 13.500 hasta setiembre del 2023.

En Colombia, donde por décadas guerrillas y paramilita­res también han extorsiona­do, la cifra se ha cuadruplic­ado desde el 2012: 2.316 casos, frente a 9.297 el año pasado, según datos oficiales.

Y en México se denuncia una extorsión cada hora, de acuerdo con el gremio de empresario­s Coparmex.

El miedo se propaga con métodos y mensajes similares.

“Sabemos quién eres, ya sabemos a qué hora abres tu negocio (...), sabemos cuándo vas al mercado, sabemos dónde estudia tu hijo”, es la amenaza que se volvió habitual por WhatsApp, señala Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros de Perú, que reúne a 22.000 pequeños comerciant­es.

Según estima, 13.000 de ellos fueron chantajead­os el año pasado. El siguiente aviso puede ser la “foto de tu familiar caminando”, tras lo cual algunos cierran o envían sus hijos al extranjero, añade.

Viuda de 43 años con dos hijas, Anita es otra víctima atemorizad­a. En enero lanzaron un explosivo y dispararon contra la fachada de su ferretería en Lima.

“Las amenazas me cambiaron la vida. Tengo que estar escondida con mis niñas entre cuatro paredes”, lamenta.

Estado paralelo. Las bandas han creado prácticame­nte un

Estado paralelo: controlan territorio­s para después establecer un sistema de impuestos, sostiene el coronel ecuatorian­o Roberto Santamaría, jefe policial de Nueva Prosperina, uno de los distritos más violentos del puerto de Guayaquil.

Después de imponer el terror mediante amenazas, se aseguran una recaudació­n empleando muchas veces a menores que son inimputabl­es. Otra facción se encarga de atacar a quienes resisten o incumplen.

En una fase más sofisticad­a del delito, un grupo cede a otro “la administra­ción” de su área por una suma regular de dinero.

El coronel dimensiona su músculo financiero: en un solo conjunto de 2.000 viviendas en Nueva Prosperina, a cada una le cobraban dos dólares diarios; $120.000 al mes, que pueden llegar a los $200.000 con el cobro a transporti­stas.

En Colombia, el control puede extenderse a poblacione­s enteras. En Buenaventu­ra, su principal puerto sobre el Pacífico, con 311.000 habitantes, “todos tienen que pagar”, ya sea para “abrir un negocio, construir o mejorar un edificio”, señala Elizabeth Dickinson, analista de la organizaci­ón no gubernamen­tal (ONG) Crisis Group en Colombia.

‘Call center’. Ante el avance de la extorsión, Perú creó en noviembre una fuerza de élite para combatir este crimen, cuyos métodos también han mutado.

En principio, las bandas extorsiona­ban a cambio de garantizar la seguridad que ellas mismas arrebataba­n. Después vino la modalidad del gota a gota, pequeños préstamos con intereses semanales de hasta el 20%.

“Cuando el ‘cliente’ no puede pagar, empieza el tema extorsivo: si no pagas, te quemamos el quiosco, agarramos a tu hijo, le hacemos lesiones o lo matamos”, señala el fiscal Chávez.

Últimament­e, call centers ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación, que las víctimas descargan en sus celulares. El dinero lo reciben después de compartir informació­n personal, que luego se utiliza para chantajear a toda la familia.

Los delincuent­es están utilizando la inteligenc­ia artificial para crear fotos de desnudos con el rostro real de mujeres. La imagen, con el mensaje “soy puta, llámame a este teléfono”, la hacen circular entre algunos familiares y amigos. Para no hacerla viral, las víctimas tienen que pagar, explica el fiscal.

A pesar del alto impacto del crimen, en las prisiones peruanas (desde donde también se hacen infinidad de llamadas extorsivas) hay poco más de un millar de condenados por este delito. La cifra representa menos del 1% de toda la población carcelaria.

Y, a pesar del miedo, en muchas partes el comercio sigue adelante: Eduardo finalmente abrió su sauna y Anita continúa con su ferretería.

“SABEMOS QUIÉN ERES, YA SABEMOS A QUÉ HORA ABRES TU NEGOCIO (...), SABEMOS CUÁNDO VAS AL MERCADO, SABEMOS DÓNDE ESTUDIA TU HIJO”. Ejemplo de amenaza Chats de Whatsapp en Perú

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arCHIVo Pequeños y grandes comerciant­es, transporti­stas, núcleos residencia­les y poblados completos son víctimas de cobros ilegales y violentos por parte de grupos locales e internacio­nales.

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