Magistrados han desmentido en tres ocasiones al ministro de Justicia
En menos de dos años, además de desmentir la información de que una resolución de la Sala IV impedía despedir a funcionarios corruptos, los magistrados constitucionales han salido en dos ocasiones más a aclarar aseveraciones emitidas por el ministro de Justicia, Gerald Campos.
La más reciente ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando los altos jueces informaron de que no habían ordenado una compra masiva de computadoras para privados de libertad, como lo aseguró el ministro durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Campos dijo que un fallo de la Sala Constitucional ordenó darle una computadora con acceso a Internet a cada reo del país.
La sentencia a la que el jerarca hizo referencia no dice tal cosa. Se trata de la resolución de un recurso de amparo, emitida el 2 de febrero, en la que se ordena garantizar a los reclusos la posibilidad de consultar electrónicamente sus expedientes.
Según la Sala, la resolución no significa que la Administración debe realizar una “compra masiva” de equipo, ni implica “la entrega individual o sin regulación” de los equipos tecnológicos, sino que se proporcione a los privados de libertad los medios para ver sus expedientes.
Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala IV, declaró que, “bajo ninguna circunstancia”, es posible presumir que la resolución ordene la entrega de equipos de cómputo a todos los privados de libertad.
Requisas. Otro caso ocurrió el 3 de octubre del 2022, cuando Campos indicó a La Nación que no podía realizar más operativos de máxima seguridad para encontrar celulares, drogas y armas debido a una orden de los magistrados de colocar cámaras en el cuerpo de todos los policías.
Se refería a la resolución de un recurso de habeas corpus, del 9 de agosto de ese año, en el que la Sala IV solicitó a las autoridades de la cárcel La Reforma usar “equipo de grabación portátil suficiente a efectos de filmar, almacenar, registrar y documentar todas las intervenciones, requisas y recuentos que se lleven a cabo”.
Antes de esa sentencia, la Sala había establecido varias veces que los oficiales deben grabar los decomisos y otros operativos que realicen en las celdas, lo que no impide la realización de operativos ni exige comprar una cámara para cada oficial.