Hospitales y áreas de salud se oponen a traslado de 140 abogados
› Plan tiene por objetivo fortalecer la gobernanza de la dirección Jurídica
El Consejo de Directores Administrativos y Administraciones de Áreas de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), envió a la Junta Directiva de la institución un oficio para mostrar su preocupación por el traslado de los abogados de hospitales y áreas de salud a nivel central, como parte del plan para fortalecer la gobernanza de la Dirección Jurídica.
Aunque solicitaron a la Junta no votar la propuesta para mover a 140 de esos profesionales hasta no analizar el impacto o repercusión para las áreas que deben ceder a sus abogados, la Junta Directiva aprobó el plan este jueves, con cinco votos a favor y dos en contra. Se opusieron los representantes laborales Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
La firmeza del acuerdo fue respaldada por seis de los siete directivos presentes. Solo Rodríguez se abstuvo.
El oficio CDAAA-004-2024 del Consejo tiene fecha del 29 de febrero, día en que se realizó sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la CCSS bajo la figura de funcionario de hecho, pues todavía falta juramentar a uno de los tres representantes patronales ante ese órgano de decisión.
El documento, firmado por la presidenta de ese consejo, Adriana Romero, directora administrativa del Hospital Nacional de Niños, solicita información detallada del traslado funcional y readscripción jerárquica de los abogados de los hospitales y otras unidades asistenciales a la Dirección Jurídica de la CCSS.
La propuesta avalada ayer se ha discutido en las últimas dos sesiones de Junta Directiva, el 22 y 27 de febrero. En la sesión del 27, varios miembros de la Junta también manifestaron sus dudas y pidieron claridad sobre aspectos como costos del traslado.
Entre quienes más la cuestionaron está la representante laboral Martha Rodríguez González, quien dijo que se estarían llevando abogados de los hospitales a una nueva unidad programática. Todos dependerían jerárquicamente del director jurídico.
Rodríguez cuestionó que muchos de esos abogados tendrían que cambiar de categoría al pasar de profesional 2 (P2) a profesional 4 (P4), lo cual implicaría un ajuste en sus ingresos y un costo adicional para la institución.
Sus cuestionamientos coinciden con los del Consejo de Directores Administrativos, para el cual es preocupante que esta decisión no se haya socializado antes con las autoridades locales, así como la falta de estudios de cargas laborales de las unidades como paso previo a una propuesta que, consideran, los dejaría desprovistos de asesoría directa.
En defensa de la propuesta, el director jurídico, Gilberth Alfaro, aclaró el 27 de febrero que no se trasladará a los 300 abogados de la Caja, sino a 140. Dijo que de estos, 90 están entre P2 y P3. Eventualmente, explicó, podrían subir a P4 según las tareas que les asignen, y si algunos van a litigar, habría que pagarles el 15%.
Consecuencias. La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) lamentó que la Junta Directiva aprobara la propuesta de gobernanza sin contar antes con los criterios técnicos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y de la Gerencia Financiera.
“Sin ninguna justificación técnica, se despoja a los centros (hospitales) de las plazas de abogado que, con grandes sacrificios, han logrado hacer una realidad. El aumento de funcionarios del nivel central crece sin ningún control. Significará una disminución de la capacidad de respuesta a nivel local y regional”, advirtió el sindicato en un boletín.
Antes de que trascendiera la decisión, el Consejo de Directores Administrativos advirtió a la Junta Directiva de los riesgos de ese traslado. Entre ellos, la concentración de toda la carga en la Dirección Jurídica que, según ellos, causará retrasos significativos en procesos de compra, resolución de asuntos disciplinarios y recursos de amparo.
Directores médicos y administrativos, afirma el Consejo, se quedarán sin la asesoría directa de profesionales en Derecho. Al mismo tiempo, quedará afectada la asesoría preventiva que, en su criterio, será imposible de sustituir con una consulta remota.
Durante la sesión de este jueves, el director jurídico recalcó la urgencia que existe en la dependencia que él dirige.
“Anda la inquietud de si se hará una Gerencia Jurídica, pero eso ni siquiera se ha comentado. Yo no gestiono una cosa para beneficiarme o para lucrar. El tema de gobernanza no es un tema de Gilberth Alfaro o de la Dirección Jurídica. Se ha hecho con un enfoque de interés general”, manifestó.
Por su parte, Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, dijo que sabía que el tema tendría detractores.
“Aquí no hay comarcas ni metros cuadrados y, si se ha entendido así, eso hay que eliminarlo. Este tema va a seguir avanzando con la parte tecnológica y de recursos humanos. Este es el primer ejercicio de una verdadera gobernanza”, insistió Esquivel.