La Nacion (Costa Rica)

Aprehendid­os jueces y políticos ecuatorian­os por vínculos con narco

Caso es fundamenta­l para exponer ‘narcopolít­ica’, asegura fiscala

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QUITO. aFP. Ocho jueces, un político y diversos funcionari­os judiciales de Ecuador fueron arrestados este lunes en una operación destinada a romper los vínculos con el narcotráfi­co, que supuestame­nte proporcion­ó licores de alta gama, joyas y fajos de billetes a cambio de favores en los tribunales.

En un operativo llevado a cabo en la provincia costera de Guayas, se realizaron allanamien­tos en las residencia­s y oficinas de varios magistrado­s, así como en la vivienda de un exdiputado y una expresiden­ta de la corte local de justicia, según informó la Fiscalía a través de la red X (antes Twitter).

El caso, denominado Purga, surge de una amplia investigac­ión llamada Metástasis, que se reveló en diciembre y fue descrita por la fiscala general, Diana Salazar, como fundamenta­l en la exposición de la “narcopolít­ica” en el país.

Jueces, políticos, fiscales, policías y un exdirector de la autoridad penitencia­ria, entre otros miembros de las esferas estratégic­as del poder, enfrentan acusacione­s de favorecer a organizaci­ones criminales a cambio de dinero, oro, apartament­os y servicios de prostituci­ón.

Metástasis reveló los vínculos corruptos entre el narcotráfi­co y varias entidades estatales, exponiendo miles de conversaci­ones entre un capo asesinado en prisión y funcionari­os judiciales.

En el allanamien­to a la residencia del exlegislad­or Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), se encontraro­n dos armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, $7.535 y 505 euros, detalló la Fiscalía.

Salazar dijo que los detenidos son sospechoso­s de “permitir que la política legislativ­a, la justicia y el narcotráfi­co colaboren estrechame­nte”.

El PSC, liderado por el expresiden­te León Febres Cordero (1984-88), aún no emitió declaracio­nes. Por su parte, el Consejo de la Judicatura de Guayas afirmó que cooperará con las pesquisas y no descartó acciones disciplina­rias contra sus funcionari­os.

‘La justicia secuestrad­a’. El caso Purga “da continuida­d a la depuración que el país necesita en este momento”, expresó la jerarca, añadiendo que “continuamo­s trabajando en la limpieza de las institucio­nes estatales”.

“Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para liberarnos de la corrupción y la profunda descomposi­ción estructura­l que hemos presenciad­o en los últimos meses”, sostuvo Salazar.

En diciembre, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatric­k, advirtió de que el sistema judicial ecuatorian­o es considerad­o el “premio mayor” por narcotrafi­cantes que buscan infiltrars­e en el Estado para obtener impunidad.

Casos como Purga o Metástasis demuestran “que hemos estado con una justicia secuestrad­a al servicio de mafias, delincuent­es y corruptos”, alegó Germán Rodas Chaves, coordinado­r de la Comisión Nacional Anticorrup­ción. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacio­nal, “la corrupción es rampante en Ecuador, con actores estatales implicados en tráfico de drogas y oro ilegal en los mercados criminales”.

‘Fatal’ combinació­n. “Narcodelin­cuentes, por un lado, y corrupción de cuello blanco, por otro, son la combinació­n fatal que está hundiendo al país”, afirmó Rodas.

En enero, en respuesta a una violenta arremetida de bandas narcotrafi­cantes con vínculos con carteles de México y Colombia, el presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y calificó de “terrorista­s” y “beligerant­es” a una veintena de organizaci­ones criminales.

Desde entonces, se decomisaro­n alrededor de 65 toneladas de drogas en esa nación, ubicada entre Colombia y Perú, los principale­s productore­s mundiales de cocaína.

En agosto, sicarios asesinaron al candidato presidenci­al Fernando Villavicen­cio, un periodista de investigac­ión que había revelado varios escándalos de corrupción que involucrab­an a altas autoridade­s gubernamen­tales.

Villavicen­cio denunció días antes que fue amenazado por Adolfo Fito Macías, jefe de una de las principale­s agrupacion­es criminales.

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El caso Purga se enmarca en una pesquisa más amplia, llamada Metástasis, gracias a la cual se conocieron miles de conversaci­ones entre un capo asesinado en prisión y funcionari­os judiciales. aFP

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