Tres juezas prohíben revelar sus rostros en juicio a banda criminal
› Dos tentativas de homicidio y tres asesinatos se le atribuyen a grupo
Este martes comenzó en los Tribunales de Justicia de Cartago el juicio contra cinco hombres y una mujer sospechosos de pertenecer a un grupo criminal conocido como Los Gery, que ha llevado a cabo actividades delictivas en el cantón de La Unión y en varias comunidades de la Vieja Metrópoli. Se les acusa de tres asesinatos y dos intentos de homicidio en el expediente 23-000253-0071-PE.
Al inicio del juicio, las tres juezas que integran el tribunal declararon la prohibición de utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos para grabar su voz o su imagen.
La misma restricción se aplica a las imágenes de los acusados, quienes responden a los apellidos Rojas González, Calderón Montero, Jiménez Segura, Jeskin Rodríguez, Rodríguez Arauz y Romero Ceciliano (mujer). Los primeros cinco se encuentran en prisión preventiva y la sospechosa está en libertad.
Tras la solicitud del tribunal, los abogados defensores privados Antonio Cubillo y Rafael Guillén, junto con un defensor público que prefirió mantener su identidad en reserva, y el fiscal Mario Quesada, solicitaron 10 días hábiles para revisar un legajo relacionado con la apertura de los celulares de los imputados. Argumentaron que el documento fue enviado tardíamente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según el representante del Ministerio Público, el expediente sobre las aperturas de los celulares de los imputados fue enviado por el OIJ cerca de las 4 p. m. del lunes, a menos de 24 horas de que se iniciara el debate.
El fiscal también dijo que el expediente es extenso, y Cubillo afirmó que tiene unos 400 folios, lo que requeriría un análisis detallado de todas las partes.
“Eventualmente podría repercutir en la defensa material. De acuerdo con lo que nos encontremos en esta prueba, solo a manera de ejemplo, esta representación podría recomendarles a los imputados que soliciten un proceso especial abreviado”, explicó Cubillo.
Advertencia. Tanto Cubillo como Guillén informaron al tribunal que desde la audiencia preliminar habían solicitado que el caso no se llevara a juicio debido a la ausencia de las pruebas telefónicas.
Guillén afirmó que existe una “actividad procesal defectuosa” porque el Ministerio Público acusó a los imputados sin disponer de las pruebas telefónicas que los vinculen con los hechos.
Tras cinco minutos de deliberación, las juezas concedieron 10 días hábiles para que las partes analicen los informes del OIJ y también hagan señalamientos al Ministerio Público, incluida la eventual solicitud de un proceso especial abreviado.
Además, el Ministerio Público advirtió que la prisión preventiva de cinco de los acusados vencía el 15 de marzo, y el inicio del debate estaría suspendido para esa fecha. El fiscal solicitó extender la medida cautelar privativa de libertad, argumentando que existe peligro de fuga, ya que los acusados no tienen arraigo laboral, y además considera que existe riesgo para dos víctimas.
“Tenemos una o dos señoras que están en protección, no quieren venir al debate porque temen por su vida”, mencionó el fiscal.
El tribunal decidió extender la prisión preventiva hasta el 15 de julio.