Proyecto no distingue entre niños y mayores de edad, alegan obispos
La Conferencia Episcopal de Costa Rica pidió a los diputados rechazar el proyecto de ley que prohibiría las “terapias de conversión sexual”, las cuales son usadas para tratar de cambiar la identidad de género de personas de la comunidad LGBTIQA+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y asexuales).
Un proyecto de ley, que se discute en Congreso, prohibiría estas prácticas por considerar que conllevan tortura física y psicológica.
En un criterio firmado por los obispos de Limón y Alajuela, Javier Román Arias y Bartolomé Buigues, respectivamente, la Iglesia argumentó ayer que el expediente 20.970 (que reformaría la Ley
General de Salud) no diferencia entre menores y mayores de edad, “con lo cual no se asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos”.
La Conferencia menciona en el documento algunos fragmentos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para sustentar su argumento.
Los obispos citaron el artículo 5 de la Convención, el cual dice: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.
El clero costarricense también se pronunció contra las sanciones que el proyecto impondría a quienes impartan “terapias de conversión”, al argumentar que la medida “viola la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, no permitiendo la objeción de conciencia y violando los derechos de los profesionales en esta materia”.
La Conferencia Episcopal adujo que, desde su punto de vista, se violan los derechos de quienes no se sientan conformes con su condición y quieran buscar ayuda para cambiar.
Al igual que el Partido Nueva República (PNR), los obispos costarricenses señalaron que ya existen en el país leyes que permiten denunciar violaciones a la libertad de personas “en cualquier tratamiento”.
“La Iglesia no puede dejar de defender lo arriba descrito, por el bien de la sociedad costarricense y respetuosamente solicita a las señoras y señores diputados que voten en contra del proyecto de ley 20.970”, cierra diciendo el pronunciamiento de los obispos.