Diputados contra plan para atenuar aporte estatal a pensiones de Corte y Magisterio
Los diputados de la Comisión legislativa de Gobierno y Administración rechazaron, por voto de mayoría, el proyecto de ley que habría atenuado el aporte del Estado a las pensiones del Poder Judicial y el Magisterio, en su condición de patrono.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Pilar Cisneros, proponía equiparar estas cotizaciones con la que hacen todos los patronos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La transición se habría efectuado en 35 años.
En su condición patronal, el Estado aporta a los empleados de la Corte y el Magisterio un 14,3% y un 6,7% de cada salario mensual, mientras que, en el caso del IVM, la cuota es de un 5,4%.
La iniciativa fue rechazada por Carolina Delgado y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN); Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA); Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
A favor votaron la oficialista Paola Nájera, y Daniela Rojas, del PUSC.
Cisneros expresó su descontento por el rechazo de su proyecto: “Esos inmorales e ilegales privilegios se crearon aquí, en el Congreso, y solo aquí, en este Congreso, podremos revertir este grave error de política pública que ensancha las enormes desigualdades entre ricos y pobres”.
La diputada dijo que el aporte estatal para esos regímenes favorece pensiones de privilegio, las cuales alcanzan un promedio de ¢2,8 millones mensuales en el Poder Judicial y ¢916.000 en el Magisterio, mientras que el resto de los trabajadores recibe alrededor de ¢616.000.
“Eso no solo es injusto; es ilegal, inconstitucional y desproporcionado”, remarcó Cisneros, quien anunció la presentación de un informe de minoría.
Rojas explicó su voto positivo señalando que se pudo excluir al Magisterio en la etapa de ajustes. Además, expresó su molestia hacia Cisneros al reprocharle que ella generalizó el rechazo de los diputados. Además, negó que el plan tuviera relación con el financiamiento de pensiones de personas pobres.
Ortega justificó su voto negativo porque el plan no abordaba temas relacionados con las pensiones, como la disminución demográfica y el “debilitamiento” del sistema de seguridad social.