Albergue habría impedido a familia ver a pariente por dos décadas
› allegados se enteraron de muerte de paciente casi un año después
Los familiares de Jeffry Artavia Delgado, un paciente con parálisis cerebral que recibía atención en la Fundación Hogar Manos Abiertas, se enteraron de su fallecimiento el martes, 11 meses después de ocurrido.
Cuando vieron en las noticias que el albergue, ubicado en Desamparados de Alajuela, fue allanado como parte de una investigación por presuntos maltratos y tortura, los allegados verificaron en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que Artavia murió el 20 de abril del 2023.
Según dijeron a varios medios, la directora de la organización no gubernamental (ONG) no permitía que el paciente recibiera visitas.
En declaraciones a La Nación, uno de los hermanos de Artavia afirmó que desde que Jeffry cumplió 18 años, en el 2003, la directora del establecimiento –a quien identificó como “la hermana M”– prohibió las visitas. Antes de esta medida, solo la madre de Jeffry podía verlo.
“Nos dijeron que si lo queríamos ver, nos lo teníamos que llevar y que, si nos lo llevábamos, no iba a tener la misma ayuda”, afirmó el hermano. En aquel momento, sostuvo, la familia tenía escasos recursos, por lo que acceder a asesoría legal no era posible. A pesar de ello, intentaron convencer a la ONG en al menos cuatro ocasiones para que les permitiera ver a Jeffry.
La madre preparó los papeles para llevarse a su hijo, pero la directora de la fundación lo impidió argumentando que no sería lo mejor para él. La excusa era que el joven se emocionaba mucho. Llegada a la ONG. Según Artavia, su hermano Jeffry ingresó en el Hogar cuando tenía entre 11 y 12 años, después de que varias organizaciones religiosas prepararan una celebración en la cual lo vieron. El menor vivía entonces con la familia en la Garita de Alajuela.
En un momento determinado, la directora de la Fundación Manos Abiertas se acercó a la madre de Jeffry y le propuso integrarlo al albergue. Convencida de que recibiría mejor atención allí que en su casa, la mujer accedió. La señora fue abandonada por el padre de sus nueve hijos y vivía en extrema pobreza.
Según Artavia, su madre firmó varios papeles, incluyendo el acuerdo para ceder la pensión de su hijo a las representantes de la fundación. “Quizás, hasta engañada les dio la custodia”, agregó.
Desde entonces y hasta el pasado martes, los hermanos vieron a Jeffry muy pocas veces. “Yo me fijé en el Registro Civil (el martes) y me di cuenta de que él ya había fallecido. Fue una impresión muy grande”, comentó.
Ahora, la familia vive intranquila al pensar en cómo falleció Jeffry en el sitio; creen que las supuestas religiosas solo veían en él un monto económico. “Antes de que él muriera, la pensión ascendía a unos ¢300.000”, aseguró. Causa de muerte. Los parientes de Jeffry accedieron a su acta de defunción, la cual, según Artavia, señala como causa de muerte una falla en el sistema respiratorio.
Además, localizaron el lugar donde reposan sus restos, en el cementerio de Desamparados de Alajuela, donde la ONG tiene nichos. Ahora, deben esperar cuatro años para poder exhumarlo y trasladarlo al nicho familiar, en el barrio San José de Alajuela.
“Creíamos que eran monjas, ellas siempre se presentaban como ‘hermanas’”, agregó respecto a la ONG. “Por un tema de humanidad, hubiesen avisado que Jeffry murió”, dijo.
La Fundación Manos Abiertas está bajo investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Cinco colaboradores fueron detenidos, entre ellos cuatro mujeres que se hacían pasar por monjas para recaudar fondos.
La Iglesia católica se desligó de la fundación y aclaró que no era dirigida por monjas, sino por una asociación de fieles en proceso de ser reconocida.
Los allanamientos, tanto en los albergues como en una de las casas de los colaboradores, resultaron en el decomiso de ¢170 millones y $7.000 en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación y 133 señales de tránsito.
Medidas cautelares. Telenoticias informó anoche de que la jueza penal de Goicoechea dictó seis meses de prisión preventiva para dos mujeres de apellidos Rodríguez e Hidalgo y dispuso que otra, de apellidos Quirós Castro, debe cumplir con arresto domiciliario y usar tobillera electrónica; además, tiene impedimento de salida del país y no puede acercarse a víctimas, otros imputados o a las sedes de la fundación.
Para un hombre de apellidos Granados Delgado se impuso una fianza de ¢70 millones e impedimento de salida del país. Una mujer apellidada Villalobos quedó libre, pero sujeta al proceso judicial; debe firmar periódicamente en una instancia judicial y no puede acercarse a la fundación, a víctimas o a otros imputados.