Excolaboradores de ONG Manos Abiertas denuncian mala atención de niños
› Tras operativo del martes, albergue ‘es un campo de guerra’, asegura fuente
Excolaboradoras de la organización no gubernamental (ONG) Manos Abiertas afirmaron que los pacientes que residen en el albergue de Alajuela no son atendidos adecuadamente, luego de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tomara el control de esa sede el martes, tras un allanamiento por presunto maltrato y tortura.
En el albergue, en Desamparados de Alajuela, 70 niños con discapacidad deben cumplir horarios de tratamientos y alimentación. Sin embargo, según las excolaboradoras, estos horarios no se cumplen desde que el PANI delegó su administración a una empresa privada.
En una entrevista con La Nación, la exenfermera del albergue Luzvin Mejía y la exvoluntaria Gabriela Loaiza expresaron su preocupación por el descuido, según denuncian, en el que se encuentran los niños desde el martes.
Mejía afirmó que los menores “lloraban porque ya eran las 11 de la mañana y no habían desayunado, porque les tenían que sacar muestras de sangre a todos. Tampoco nos dejaron darles los medicamentos, porque tenían que revisar todos los expedientes”.
Sostuvo que conversó con la presidenta del PANI, Kennly Garza, para explicarle los riesgos de dejar a los niños sin comer durante tanto tiempo. Afirmó que, a las 3:30 p. m. del martes, al finalizar su turno, algunos aún no habían comido adecuadamente.
Ese mismo día informaron a los trabajadores, entre ellos a los enfermeros, asistentes de pacientes y cuidadores, de que no podrían regresar a sus labores en el albergue.
Regreso. Mejía, con dos años de experiencia en la Fundación Manos Abiertas, se dirigió al día siguiente al Ministerio de Trabajo con algunos excompañeros para entender los procedimientos de su despido, ya que dice no haber recibido una notificación formal. Afirma que mientras estaban en el Ministerio, la llamaron de la empresa que ahora administra el albergue para pedirle que se presentara a trabajar el jueves.
Al llegar, según Mejía, no recibió información sobre los cambios y le asignaron atender a 15 niños con la ayuda de un asistente, cuando normalmente la apoyaban tres personas. Aseguró que los nuevos cuidadores desconocen cómo atender a pacientes con discapacidad.
“Es gente que no sabe los cuidados de una sonda, no saben que hay que aspirar a los chiquitos con secreción, que hay que hidratarlos”, afirmó.
La enfermera dijo que el jueves encontró a los pacientes en una condición “pavorosa”.
Loaiza, por su parte, dijo que, a pesar de la necesidad de investigar a los colaboradores sospechosos de maltrato y tortura, los niños no deberían verse afectados. Mencionó casos específicos de pacientes con traumas que requieren atención especial y expresó su preocupación de que los nuevos cuidadores no estén al tanto de estas necesidades particulares.
Una fuente anónima dijo que los menores del albergue estarían siendo atendidos por asistentes sin experiencia y que algunos pacientes se descompensaron por la falta de atención específica.
“No hay medicamentos, no hay personal, los niños se ahogan, convulsionan.
”Es un campo de guerra. Se vive como un tiempo de covid-19”, afirmó.
PANI responde. Ante estas denuncias, la oficina de prensa del PANI respondió que algunos menores “tienen enfermedades crónicas y degenerativas de condición de vida limitada”. Reconoció que asumir la administración del albergue requirió un trabajo logístico, pero negó que existan las malas condiciones que denuncian los excolaboradores.
Este medio también intentó contactar a la empresa que administra el albergue; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
Excolaboradores se manifestaron ayer frente a las instalaciones de Alajuela para solicitar respuestas a la situación en el centro y una atención adecuada para los pacientes.
En algunos rótulos se leía: “Para que regresen sus cuidadoras que los aman”, “Ahora sí son violentados”, “Justicia para los colaboradores”, “Ellos necesitan sus cuidados” y “Ser voz para aquellos que no tienen voz”.
¿Qué pasó? La mañana del pasado martes, cinco colaboradores de la Fundación Manos Abiertas fueron detenidos como presuntos responsables de diversos delitos; entre ellos, trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
Este grupo estaba conformado por cuatro mujeres y un hombre.
Manos Abiertas se autodefinía como un “albergue de cuidado y amor para personas con discapacidad en estado de abandono”. Cuenta con dos sedes, una en Desamparados de Alajuela y otra en La Unión de Cartago. Acumula 33 años de operación.
Recibe fondos públicos de instituciones como el PANI, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social (JPS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
En los últimos cinco años, la Fundación obtuvo ¢6.584 millones, parte de los cuales, según revelaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habrían sido desviados por los detenidos para financiar viajes al extranjero y la adquisición de bienes.
Las pesquisas contra la organización se iniciaron en el 2023 tras recibir denuncias anónimas y otras presentadas por exempleados, quienes afirmaban que en el albergue se sometía a los niños a situaciones de tortura.
Asimismo, se investiga la posible explotación laboral de los colaboradores, quienes, al parecer, tenían una carga excesiva de funciones y no recibían salarios adecuados.