Equidad de género
El combate de las disparidades de género –en todos los ámbitos, desde lo político hasta lo económico– destaca entre los retos más acuciantes de las modernas sociedades democráticas.
Las intervenciones en materia de equidad de género suelen terminar siendo vistas como posturas ideológicas útiles para dividir y enfrentar electorados en manos de liderazgos manipuladores y sin escrúpulos o como costosas distorsiones que limitan libertades económicas (malentendidas como la posibilidad de obtener lucro) o políticas (entiéndase, en este caso, como el control del poder) de privilegiados.
Lo cierto es que además de constituir imperativos éticos y de justicia para sociedades que se supone se han construido y, se supondría, siguen haciéndolo sobre la base del acceso equitativo e irrestricto a las oportunidades, las políticas e intervenciones públicas en materia de equidad de género son fuentes que pueden generar crecimiento y desarrollo de mayor calidad.
Pero asegurar que más mujeres puedan acceder a empleos de calidad, en condiciones de equidad y justicia, requiere de intervenciones que corrijan desigualdades y barreras estructurales y no sólo, como suelen reproducir algunos discursos simplistas, acciones que dinamicen la actividad económica general.
Se trata, más bien, de medidas específicas que combatan e incluso penalicen las diferencias injustificadas en las remuneraciones o que promuevan –incluso mediante acciones afirmativas como cuotas obligatorias o incentivos– el acceso de mujeres a los puestos de trabajo, incluyendo los de dirección.
Pero son necesarias intervenciones que corrijan otras barreras estructurales para el acceso en igualdad de oportunidades de mujeres a la fuerza de trabajo como es el caso de acciones que cierren las brechas en las condiciones laborales relacionadas con la maternidad, como es el caso de las licencias pagadas, obligatorias e irrenunciables en el caso del nacimiento o adopción de hijos –para mujeres y hombres– y la provisión de servicios de cuido asequibles para las familias.
Urge superar la miopía que producen los intereses cortoplacistas –económicos y políticos– y comprender de una vez por todas que avanzar en equidad de género en los mercados de trabajo no es sólo un imperativo en términos de justicia, sino que una fuente de crecimiento y bienestar, presente y futuro.