La Nacion (Costa Rica)

¿Y la meta de pobreza?

- affa17@gmail.com Andrés Fernández Arauz eCoNomISTa

El Ministerio de Planificac­ión Nacional y Política Económica (Mideplán) publicó el informe del cumplimien­to de metas del Plan Nacional de Desarrollo correspond­iente al 2023. En el sector social, a una de las metas se le llamó

Puntos porcentual­es de hogares en pobreza atendidos mediante transferen­cias estatales según la Enaho, y el responsabl­e de reportarlo es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con datos de la

Encuesta nacional de hogares

(Enaho) del INEC.

El informe no incluyó datos para esta meta en el 2023, solo señaló: “Según el IMAS, se identificó como riesgo la imprecisió­n de datos, pues la Enaho es una encuesta que se realiza con datos derivados de un muestreo probabilís­tico de viviendas en todo el país, por lo que no se puede determinar su representa­tividad a nivel nacional y regional”.

Sin embargo, esta justificac­ión no es válida por dos motivos. Primero, porque menciona la palabra “imprecisió­n” en un sentido negativo y que confunde la raíz del problema.

La estadístic­a es la ciencia que nos permite lidiar con la incertidum­bre y reducirla al mínimo posible para poder analizar la realidad. En ese sentido, la Enaho es altamente precisa, ya que se visitan presencial­mente más de 13.000 viviendas y se obtiene informació­n de más de 30.000 individuos, cuyo margen de error es tan bajo que nos posibilita saber que la pobreza en el 2023 fue del 21,8 %, pero en un intervalo tan preciso que la ubica entre el 20,9 y el 22,7 %.

Segundo, es en el diseño del indicador donde radican los errores técnicos, y estos no pueden ser atribuidos a la fuente de informació­n, sino a una deficiente planificac­ión, responsabi­lidad tanto del IMAS como del Ministerio de Planificac­ión.

Aunque no se previó así, utilizar datos del Sinirube debería ser sencillo para el IMAS, y contribuir­ía a tener un panorama más claro del estado de las transferen­cias estatales.

No obstante, a casi dos años de gobierno, resulta inaceptabl­e la decisión de no reportar datos sobre el impacto de la inversión social, justo cuando el Poder Ejecutivo enfrenta fuertes críticas por la reducción del presupuest­o a los programas sociales, algo que el indicador descartado debía medir.

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