Emergencias de la CCSS en cuidados intensivos
Muchos de los casos que saturan los servicios de emergencia debieron haberse prevenido
Los servicios de emergencias en los hospitales se encuentran al borde del colapso, situación que persiste, en muchos centros, desde el año pasado.
Los informes presentados en diversos medios nacionales confirman la gravedad de lo que ocurre. Los hospitales, tanto regionales como nacionales, ya sean generales o especializados, están desbordados.
El sistema de salud está enfermo y requiere una intervención urgente, incluso podría decirse que necesita ser ingresado en cuidados intensivos. Por esta razón, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró una emergencia institucional en los servicios de emergencia de toda su red de atención médica.
La realidad es un síntoma claro de un sistema en deterioro, y la magnitud del problema va en aumento. Las salas de emergencia son escenarios caóticos: pacientes en pasillos, sillas comunes, sillas de ruedas o camillas que saturan todos los espacios, incumpliendo evidentemente los protocolos de emergencia que exigen salidas despejadas y expeditas.
Si bien algunos de estos servicios merecerían órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, aplicarlas podría ser poco razonable e inhumano. Las circunstancias exigen una intervención inmediata de la CCSS para resolver un problema que se ha agravado sistemáticamente con el paso de los años.
Lejos del promedio de la OCDE. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el número deseable de camas de hospital por cada 1.000 habitantes es de 2,3. Sin embargo, Costa Rica cuenta solo con 1,1 camas por cada 1.000 y 2,7 por cada 100.000 habitantes en unidades de cuidados intensivos, cifras muy lejanas a las 4,7 y 12 que registran, en promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estos números revelan rezagos en infraestructura y brechas significativas en personal de salud. Además, la atracción de la medicina privada para especialistas, debido a salarios poco atractivos en la CCSS, ejerce presiones adicionales que se traducen en listas de espera más largas y tiempos de atención prolongados.
El retraso en la ejecución de la cartera de infraestructura, impulsado por una junta directiva cuestionada y conformada de manera controvertida, agrava aún más la situación.
La CCSS, como proveedora principal de los servicios de salud, parece haber fallado en la planificación y ejecución de una mayor capacidad instalada, tanto en infraestructura como en recursos humanos y logística.
Esta incapacidad para adaptarse a las cambiantes necesidades de una población con un perfil demográfico en evolución, caracterizado por un aumento en la cantidad de adultos mayores, hábitos nocivos para la salud, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, incremento casi exponencial de los accidentes de tránsito, nuevas enfermedades y lesiones laborales, y patrones de consumo de drogas cada vez más adictivas y potencialmente letales, contribuye al colapso del sistema.
Los gobiernos, desde el Ministerio de Salud hasta el sector de la salud en su conjunto, también comparten la responsabilidad al no impulsar cambios estructurales sustantivos y eficaces en la atención primaria y la promoción de la salud.
Muchos de los casos que en este momento saturan los servicios de emergencia debieron haberse prevenido con un enfoque más proactivo en la salud pública. Atacar las causas del problema. La informalidad excluye a muchas personas de la atención oportuna en la consulta externa y su ascenso dentro de la red, por carecer de un seguro. Esto lleva a que los casos crónicos se presenten en emergencias de la CCSS en etapas más avanzadas, con peores pronósticos y mayores requerimientos de cuidado y estancia hospitalaria.
No obstante, es necesario señalar la responsabilidad de algunos usuarios que recurren a los servicios de emergencia cuando podrían haber tratado el problema en una consulta externa con antelación. Algunos llegan demandando atención para problemas de salud que, aunque relevantes para ellos, no cumplen con los criterios de emergencia ni mucho menos de urgencia.
La declaración de emergencia institucional es una medida paliativa que no ataca la raíz del problema. Costa Rica necesita una reforma integral del sistema de salud, con inversiones significativas en infraestructura, recursos humanos y una atención más centrada en la prevención y la atención primaria.
El sistema de salud está en cuidados intensivos, y la única cura real es un enfoque transformador que garantice una atención médica de calidad a todos los ciudadanos.