La Nacion (Costa Rica)

Sindicato duda de aptitud del PANI para atender hogar Manos Abiertas

› Policía Judicial espera autopsia de niña que estaba en sitio y falleció

- Yiren Altamirano B. yiren.altamirano@nacion.com

El Sindicato de Trabajador­es del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) expresó su preocupaci­ón por el riesgo de que más niños del hogar Manos Abiertas, en Desamparad­os de Alajuela, fallezcan debido a la supuesta falta de personal especializ­ado para su atención.

Muchos de esos menores de edad tienen discapacid­ades físicas, sensoriale­s y cognitivas; algunos, incluso, padecen de enfermedad­es crónicas y degenerati­vas.

Ovidio Fernández, secretario general del SEPI, sostuvo este lunes que el personal que el Patronato mantiene en las instalacio­nes de esa organizaci­ón no gubernamen­tal (ONG) “no es el adecuado” para esa población de infantes que requiere cuidados especiales, lo cual es rechazado en forma categórica por la institució­n.

El PANI contrató a una empresa privada para atender a los niños.

“Lo que me dicen es que desde que asumió el PANI hubo chicos que pasaron días sin bañarse. Se hizo la observació­n de que hay medicament­os vencidos, chicos que convulsion­aron y una médica que se puso a llorar porque la condición era muy mala”, afirmó Fernández en entrevista con La Nación.

Fallecimie­nto. El líder sindical se pronunció luego de que, el pasado domingo, la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) confirmó la muerte de una niña de tres años que se encontraba en el hogar Manos Abiertas.

La pequeña requirió soporte de oxígeno durante dos días en el Hospital Nacional de Niños (HNN). Padecía de una encefalopa­tía crónica no progresiva, bronconeum­onía recurrente y asma, entre otras complicaci­ones que finalmente provocaron su fallecimie­nto.

El Organismo de Investigac­ión Judicial (OIJ) informó de que la Sección de Inspeccion­es Oculares llevó a cabo el levantamie­nto del cuerpo de la menor, el cual fue enviado a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia; se está a la espera del resultado de la autopsia.

“Tenemos que entender que el PANI es la institució­n rectora y garante de los derechos de los menores de edad. Ante una situación como esta, podría darse que la pueda asumir; lo que pasa es que para asumirla tendría que contratar personal con experienci­a, porque ahí son niños que se alimentan con sonda.

”Entonces, no es a cualquier persona a la que están mandando, porque eso es un acto negligente y son decenas de menores de edad que se quedaron sin esa atención”, dijo el representa­nte del SEPI.

Ante consultas de La Nación, el departamen­to de prensa del PANI negó los señalamien­tos del sindicato y manifestó que no es cierto que no haya personal adecuado atendiendo a los menores.

Tres días después del allanamien­to a la Fundación Manos Abiertas, excolabora­dores de esa ONG afirmaron que los pacientes que residen en el albergue de Alajuela no son atendidos apropiadam­ente.

En una entrevista con La Nación, la exenfermer­a del albergue Luzvin Mejía y la exvoluntar­ia Gabriela Loaiza expresaron su preocupaci­ón por el descuido en el cual, según ellas, se hallan actualment­e los niños; destacaron que eso (la supuesta atención deficiente) empezó el propio día de los allanamien­tos.

También entonces, el PANI rechazó las acusacione­s. Reconoció que asumir la administra­ción del albergue requirió un trabajo logístico, pero negó que existan las malas condicione­s que denunciaro­n los excolabora­dores.

Pesquisa. El 5 de marzo pasado, la Fundación fue allanada en el marco de una investigac­ión penal por presunto maltrato y tortura.

Desde entonces, el PANI relevó al personal de planta y contrató a una empresa privada para el cuidado de 69 niños.

Sin embargo, tras la muerte de la niña de tres años, se dictó una nueva medida cautelar que delegó a la CCSS la atención de los menores.

La semana pasada, el Ministerio Público y el Organismo de Investigac­ión Judicial allanaron las instalacio­nes en Desamparad­os de Alajuela y otra sede en La Unión de Cartago, donde detuvieron a cinco colaborado­res por aparente explotació­n laboral, malversaci­ón, tortura, enriquecim­iento ilícito y peculado.

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CORTESÍA Las instalacio­nes de la Fundación Manos Abiertas fueron allanadas en el marco de una investigac­ión por presunto maltrato y tortura. Cinco colaborado­res fueron detenidos el pasado martes.

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