Juristas ven riesgos en plan que extiende criterios para aplicar prisión preventiva
› Insistieron en no dejar de lado los programas de seguridad social
Un grupo de exmagistrados, exjueces, exfiscales y abogados alertaron, a través de un manifiesto divulgado este lunes, sobre los riesgos de proyectos de ley que limitarían derechos de la población a cambio de mayor seguridad; entre ellos, el que amplía los criterios para imponer prisión preventiva.
“Siempre que, en la historia, los pueblos han cedido derechos a cambio de mayor seguridad, han terminado incrementándose las violaciones a sus derechos fundamentales con absoluta impunidad, a través de hechos delictivos de los particulares y del Estado”, señala el documento.
La declaración fue firmada por 23 abogados, entre ellos el exmagistrado presidente de la Sala Tercera, Daniel González Álvarez; el exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz, y el exfiscal general y exministro de Seguridad, José María Tijerino.
Los juristas externaron su preocupación por el proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa para aumentar los criterios de aplicación de la prisión preventiva. Dicho plan, que ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, garantizaría la prisión preventiva contra imputados por narcotráfico y otros delitos de crimen organizado.
‘Problemático’. El proyecto fue calificado como “problemático” y con posibles roces de inconstitucionalidad por la magistrada de Sala Tercera Patricia Vargas González, en un informe expuesto el 6 de marzo ante la Corte Plena. Vargas indicó que la prisión preventiva dejaría de ser una facultad para convertirse en una obligación, sin dar posibilidad a los jueces de analizar cada caso concreto.
En el manifiesto, los abogados externaron su preocupación por “otras iniciativas legislativas que buscan resolver el problema de inseguridad a través de reformas legales y disminución de garantías”.
En su criterio, este tipo de iniciativas ya se han usado antes, y “no van a tener ningún efecto positivo en la disminución de la criminalidad, como tampoco lo tuvieron en el pasado”.
Sostuvieron que Costa Rica es uno de los países de América Latina con penas más elevadas y más privados de libertad por cada 100.000 habitantes, lo que no ha sido eficaz para combatir el crecimiento del crimen y la violencia.
Respeto a normas superiores. Asimismo, agregaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional han reiterado que las leyes y los procesos penales deben regularse respetando derechos y garantías ciudadanas establecidas en convenciones internacionales y en la Constitución Política.
Los firmantes consideraron “indispensable” la creación de una política pública sobre la seguridad ciudadana que incluya a todos los sectores involucrados y la ciudadanía, y que comprenda tanto represión como prevención.
De igual forma, estimaron que se deben fortalecer los instrumentos de investigación y persecución del crimen, pero sin dejar de lado el fortalecimiento de los programas de seguridad social.
“Lamentablemente, Costa Rica tiene el mayor índice de desigualdad económica y social entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se mantendrá en aumento si no hay un cambio radical en las políticas públicas destinadas a dar mejores oportunidades de estudio, salud y trabajo a las nuevas generaciones”, señalaron.
“También nosotros estamos del lado ciudadano que demanda mayor contención de la criminalidad.
”En lo que discrepamos es en los métodos que algunos sectores buscan y utilizan, porque no son eficaces ni eficientes para disminuirla”, concluyeron en su declaración.