La Nacion (Costa Rica)

El Castella

- Guiselly Mora EDITORA DE OPINIÓN DE LA NACIÓN

La frase de Gustavo Rojas sobre la controvers­ia por el Conservato­rio de Castella “Yo pasaré a la historia como el asesino de la cultura...” tiene mucho de pretencios­a, pues la cultura trasciende las artes, pero pasará a la historia, en efecto, por un acto distinto, por haber desacatado la voluntad de Carlos Millet de Castella al vender el teatro Arnoldo Herrera.

Con fecha 24 de setiembre del 2001, la Procuradur­ía emitió una opinión jurídica no vinculante sobre una consulta hecha por un diputado relacionad­a con el decreto 29324-MEP, firmado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez.

La Procuradur­ía analizó los antecedent­es, incluido el testamento de Carlos Millet de Castella. Del documento cabe destacar la “expresa condición” del testador: “Pido que ese Centro Cultural lleve el nombre de ‘Conservato­rio de Castella’ en recuerdo de mi madre. Cláusula Décima: Lego al Conservato­rio de Música, además de los cien mil colones, el lote de terreno de que soy dueño, situado frente al Costado Norte de la Sabana con la expresa condición de que dicho Conservato­rio sea construido en ese lote”. Ergo, Rojas actuó a contrapelo de la memoria de Millet.

La naturaleza jurídica de ente privado del Conservato­rio es innegable, al igual que el interés público, pero como apuntó la Procuradur­ía, “el hecho de que el Conservato­rio de Castella desarrolle una actividad que se entiende es de interés público, sea la educación y el desarrollo de las vocaciones artísticas, y que haya recibido a razón de ello subvencion­es o donaciones estatales, no conlleva por este solo motivo sostener que su carácter sea el de un ente de carácter público”.

En ese sentido, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, tiene razón al decir que “La fundación puede construir lo que ellos deseen, es una fundación privada y no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Educación Pública”, como declaró a un medio digital. El MEP solamente tiene la obligación de coordinar e inspeccion­ar la educación que se imparta en todo centro docente privado.

El Conservato­rio es un centro fundamenta­l para una educación basada en las artes, y su contribuci­ón al país es generosa en resultados, pero es momento de plantearse si la controvers­ia entre la fundación presidida por Rojas y la Junta Administra­tiva es acorde con la voluntad expresada por De Castella. Han demostrado que no, y el país no está para caprichos. Si desean funcionar como escuela y colegio privados, deberán procurarse los recursos en ese ámbito. Roma locuta, causa finita.

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