Alta jueza cuestiona plan que prevé pago por datos sobre criminales
magistrada alerta de posibles roces de constitucionalidad en proyecto de ley
Un proyecto de ley que plantea pagar a quienes den información para capturar criminales podría tener roces de constitucionalidad, señaló el lunes en la Corte Plena la magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera.
Vargas dijo no estar en contra del proyecto, pero afirmó que este busca darle a la Sala Tercera un rol que no le corresponde, al involucrar a un representante de esta en el manejo y creación de políticas generales del fondo de recompensas, en una comisión tripartita, junto al fiscal general o a quien este nombre y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Tenemos funciones jurisdiccionales y estamos cubiertos por el principio de imparcialidad”, expuso la magistrada.
Vargas dijo esto al presentar el informe en el que concluyó que el proyecto afectaría el funcionamiento del Poder Judicial, pues también plantea modificaciones presupuestarias en la entidad para crear el fondo. Este criterio fue acogido por la Corte Plena, por lo que el proyecto necesitará 38 votos en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
¿Qué dice? El expediente 24.088 fue presentado el 12 de diciembre por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez; lo apoyaron legisladores del Partido Nueva República, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Partido Liberal Progresista (PLP).
El artículo 2 propone pagar a quienes “brinden información que conduzca a la detención de miembros del crimen organizado y redes de narcotraficantes que operen dentro y/o fuera del país y que se encuentren en estado de rebeldía así señalado por un juez competente de la República”.
Sobre este punto, Vargas sugirió a los diputados precisar el concepto “redes de narcotraficantes” y en qué se diferenciaría de crimen organizado. También planteó la posibilidad de que el fin del proyecto no sea solo perseguir a personas declaradas rebeldes, sino extenderlo a los involucrados en casos de crimen organizado aún no declarados rebeldes.
Señaló además una incoherencia entre los artículos 2 y 10. Mientras el 2 dice que se persigue a miembros del crimen organizado y de redes de narcotráfico que estén en rebeldía, el 10 establece que el Ministerio Público divulgará el listado de los miembros del crimen organizado más buscados, sin tomar en cuenta si este listado incluye a los miembros de “redes de narcotráfico” y sin mencionar si incluirá solo a quienes estén en rebeldía.
Jiménez dijo a La Nación que tomará en cuenta el criterio técnico de la Corte Plena para el trámite del proyecto.