PLN y FA piden más controles para votar plan de gastos extra
› Contrataciones hechas mediante CNE les causan desconfianza, dicen
Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) anunciaron que no votarán un presupuesto extraordinario por $700 millones solicitado por el gobierno para reconstruir obra pública debido a la desconfianza que desató el caso del aeropuerto de Liberia en las contrataciones hechas mediante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Una posición contraria expresó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que abogó por la aprobación inmediata del plan de gastos. Las vocerías de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) no contestaron a las consultas de este medio.
Al igual que la reparación de la pista de aterrizaje adjudicada a Constructora MECO, $161 millones de ese presupuesto serían adjudicados por la CNE sin posibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR) pueda revisar la legalidad de los procesos. El dinero proviene de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el caso del aeropuerto de Liberia, la contratación se habría hecho a la medida de MECO y le habría costado ¢2 millones de más al país, de acuerdo con lo dicho por el propio gobierno.
A raíz de esta situación, liberacionistas y frenteamplistas avisaron que presentarán mociones de fondo, vía artículo 137 del Reglamento del Congreso, para que el presupuesto regrese a la Comisión de Hacendarios y se puedan incorporar más garantías de control para la ejecución de los recursos. Así lo dieron a conocer este lunes el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, y el diputado frenteamplista, Jonathan Acuña.
Según publicó La Nación este lunes, $161 millones del crédito de $700 millones se destinarán a 203 proyectos incluidos en decretos de emergencia, que incluyen escuelas y carreteras.
Por tratarse de emergencias, la adjudicación de estas obras no puede ser apelada ante la Contraloría General de la República. Así ocurrió con el contrato de la pista de en Liberia, cuando Consorcio Pedregal presentó un recurso.
Los cuestionamientos en torno a este contrato motivaron el despido del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
Izquierdo indicó que, si bien el PLN trabajó de forma propositiva y acelerada para lograr la pronta aprobación del presupuesto, las revelaciones hechas por el mismo Poder Ejecutivo, sobre posibles vicios en la asignación de las obras a MECO, los obligaba a poner un freno en el proceso. “No podemos obviar los cuestionamientos relacionados con la adjudicación del contrato de arreglo de la pista del Daniel Oduber, mediante el mecanismo de excepción de la Ley Nacional de Emergencia. Tenemos suficientes indicios para desconfiar del manejo que se le ha dado a este proyecto y no queremos que se repita la historia con otros proyectos a los que se les aplique ese mismo mecanismo”, indicó Liberación.
En el mismo sentido se pronunció Acuña, quien aseguró que los hechos denunciados “levantan todas las alarmas”, respecto a “gravísimas anomalías”, en la contratación de obra pública. “Tenemos una profunda preocupación respecto a cómo van a ser ejecutados estos recursos de millones y millones de colones que son de todos los costarricenses, que serán pagados por todos los costarricenses y que, por tanto, debemos velar para que no se utilicen como mecanismos corruptos”, agregó.
El frenteamplista adelantó que procurarán incorporar al presupuesto mayores mecanismos de control, fiscalización y transparencia.
Alejandro Pacheco, líder de la fracción del PUSC, externó una posición diferente a la del PLN y el FA. Calificó de “error” que el presupuesto vuelva a discusión en Hacendarios y defendió su rápida aprobación en el plenario. “Sí tenemos que ver si podemos tener más controles sobre la plata que ejecuta la Comisión Nacional de Emergencias, pero sin trabarla”, añadió.
Las 203 obras que generan preocupación entre los legisladores se encuentran incluidas en tres decretos de emergencia y, por tanto, están cubiertas por los mecanismos de excepción previstos en la Ley General de Contratación Pública (LGP).