Plan para eliminar la DIS violentaría división de poderes, dice Corte Plena
El proyecto de ley para eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) violentaría la división de poderes, al trasladar al Poder Judicial labores de inteligencia que le corresponden al Poder Ejecutivo, determinó la Corte Plena.
Así lo indica el informe presentado por el magistrado suplente William Serrano, en representación de la magistrada Sandra Zúñiga, el cual señaló que el expediente 24.094 sí afecta al Poder Judicial.
Como fue acogido sin mayor objeción por la Corte, necesitará, al menos, de 38 de 57 votos en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
La DIS es un cuerpo policial que opera como “órgano informativo del presidente de la República en materia de Seguridad Nacional”, dice la legislación que lo creó.
El texto para eliminar esa Policía lo presentó la fracción del Frente Amplio, el 13 de diciembre pasado, y pretende reformar la Ley General de Policía (la cual creó la DIS en 1994) para que todas las funciones de esa entidad sean trasladadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
También plantea que todas las plazas de la DIS sean movilizadas a Seguridad, para que las reparta entre sus cuerpos policiales con base en criterios técnicos.
Además, se le pasarían a Seguridad todos los bienes, equipos y activos públicos, así como archivos y expedientes, los cuales tendrían que ser remitidos al Ministerio Público en caso de que impliquen investigaciones penales.
En la sección de motivos, el plan alega que la DIS “es un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, con poco respeto al Estado democrático y social de derecho”.
El informe de Zúñiga cuestionó varios puntos del texto, pues se le trasladaría al OIJ competencias de prevención e inteligencia, funciones que por ley no le corresponden a la Policía Judicial, pues esta solo se encarga de investigación.
Al asumir estas funciones, el Organismo tendría que rendirle informes al Ejecutivo sobre posibles riesgos de seguridad, lo cual violentaría la división de poderes.