Ley exigiría a choferes de ‘apps’ tener póliza por daños a terceros
› unión de Taxistas Costarricenses reiteró ayer su rechazo al proyecto
Con seis votos a favor y dos en contra, los diputados de la Comisión legislativa de Gobierno y Administración dictaminaron afirmativamente el proyecto de ley para regular las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber y DiDi, en condiciones similares al servicio de taxis.
Este proyecto, impulsado por el gobierno, se avaló con ajustes recomendados por una subcomisión legislativa. Ahora, el texto avanzará al plenario, donde los legisladores tendrán dos momentos para plantear mociones de ajuste adicional, las cuales serán nuevamente discutidas en la comisión.
El proyecto exigirá a los choferes de las plataformas y a los taxistas registrarse como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda, además de comprar una póliza de seguros vigente que cubra responsabilidad civil contractual y extracontractual por lesión o muerte de terceros y por daños a la propiedad de terceros.
Asimismo, se les exigirá contar con póliza de riesgos del trabajo para trabajadores independientes.
Negociar precio. El texto contempla la posibilidad de que los choferes y los clientes negocien un precio a partir de un precio mínimo, así como la opción para taxis de utilizar taxímetros, o adoptar el modelo actual de tarifas basadas en herramientas tecnológicas como las implementadas por DiDi y Uber, que calculan el precio total del viaje.
Votaron a favor los diputados Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR); Daniela Rojas y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Daniel Vargas y Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
En contra votaron Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), y Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Dinorah Barquero, del PLN, estuvo ausente de la votación.
Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), reiteró su rechazo al proyecto. Argumentó que no refleja el consenso alcanzado entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las plataformas tecnológicas y los gremios de taxistas, aunque no precisó en cuáles aspectos.
Cambios en el texto. Entre las modificaciones aprobadas en la Comisión, se introduce la modalidad de taxi dual, que permite a los taxis operar tanto bajo su concesión otorgada por el MOPT como a través de las plataformas digitales.
Del mismo modo, se agregan obligaciones a las plataformas tecnológicas como ser retenedor del impuesto al valor agregado (IVA), de un 13%.
Además, el texto dictaminado incorpora sanciones económicas por faltas leves, graves y gravísimas para plataformas y conductores.
Estas sanciones oscilan entre uno y 10 salarios bases para las plataformas, y entre uno y cinco salarios bases para los conductores.
Brinda marco jurídico. Daniel Vargas, diputado del partido gobernante, destacó que las plataformas tecnológicas de transporte operan en el país desde hace ocho años y que la iniciativa proporciona un marco jurídico para su funcionamiento, además de proteger al usuario.
Por su parte, Carolina Delgado, del PLN, subrayó que el proyecto no eliminará el servicio de taxi, sino que, por el contrario, les brinda la oportunidad de operar a través de plataformas u otros medios tecnológicos.
La diputada socialcristiana Daniela Rojas añadió que el texto no requiere que los vehículos de las plataformas tengan rótulos específicos, pero sí exige alguna forma de identificación, como se hace en la mayoría de los países. Argumentó que, si el proyecto buscara “taxificar” las plataformas o eliminar la competencia, no avanzaría.
Luis Diego Vargas, legislador del PLP, admitió que el proyecto dictaminado representa una mejora con respecto a versiones anteriores, pero señaló que aún presenta problemas debido a la cantidad de trámites que propone, cuyos costos terminan pagando los usuarios.
Por último, Ortega se comprometió a evaluar las cuestiones constitucionales del nuevo texto, argumentando que beneficia a plataformas extranjeras sin abordar el problema del ordenamiento del transporte público.