Ley aprobada traerá problemas a los patronos privados, advierte especialista
MODIFICACIÓN DE COBRO DE RENTA EN ALZAS SALARIALES RETROACTIVAS
La abogada Priscilla Sánchez, experta en Derecho Tributario y política económica, advirtió de que un proyecto de ley aprobado por los diputados traerá consecuencias negativas para los patronos del sector productivo.
Se trata del plan para modificar el cobro del impuesto de renta, con motivo del pago retroactivo de un aumento salarial aprobado en el 2020 para los empleados públicos.
El texto procura evitar un cobro tributario a funcionarios que, en condiciones normales, no deben pagar impuesto por sus salarios. Sin embargo, según Sánchez, el texto podría ser inconstitucional debido a sus efectos sobre el público en general. Aun así, los congresistas lo avalaron ayer en segundo debate; solo se opuso la bancada de gobierno.
El proyecto modifica el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para establecer que las rentas retroactivas deben ser tributadas en el periodo en el que se debieron haber recibido, en vez del momento en que se perciban. Esto implicaría que los empleadores estarán obligados a rectificar declaraciones anteriores cuando hagan un pago retroactivo, sin incurrir en cargos por intereses.
De acuerdo con Sánchez, la redacción no hace distinción entre patronos del sector público o privado, lo que implicaría que se aplicaría para ambos.
Lo anterior, añade la experta, es contrario al principio de devengo por el cual se rige el impuesto, el cual establece que las rentas, entendidas como salarios, se registran y reconocen en el momento en que ocurren.
Agregó que, al hacer una rectificación por un pago retroactivo, los patronos legitimarían a la Dirección General de Tributación (DGT) para que les hagan una fiscalización, pues así lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).
“Es decir, la reforma propuesta impone una obligación tributaria que automáticamente convertirá al patrono en sujeto de fiscalización, por haber modificado sus declaraciones. El solo hecho de atender a la DGT generaría tiempo, desgaste; todo, por una obligación innecesaria de rectificar”, apuntó la especialista.