Regular bien
No se pongan injustificadamente creativos. No dediquen tiempo y esfuerzos a reinventar el agua tibia. Mejor sigan los pasos de la Unión Europea (UE) para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en Costa Rica. Así interpreto el mensaje de la Contraloría a los diputados, al manifestar su criterio sobre una serie de proyectos vinculados con el tema que se tramitan en la Asamblea Legislativa.
Tras alcanzar el consenso de los órganos ejecutivos y técnicos de la UE, a los que precedió un amplio proceso de consulta, su parlamento aprobó la Ley de Inteligencia Artificial el 13 de este mes. Entrará en vigor en mayo y comenzará a aplicarse un año después. Su carácter histórico tiene triple fundamento: 1) es la primera regulación democrática del mundo sobre la IA; 2) sigue principios operativos que podrán adaptarse fácilmente al desarrollo de las tecnologías; 3) por las enormes dimensiones del mercado europeo, sus estándares llegarán a adquirir carácter universal: el “efecto Bruselas” en acción.
Tal como escribió Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea, en un artículo que publicó La Nación el domingo, la ley mantiene “un delicado equilibrio entre poder y responsabilidad, entre innovación y confianza, y entre libertad y seguridad”, como corresponde en democracia. No pretende controlar su tecnología subyacente, cambiante y, además, conceptualmente neutra, sino los usos que se le dé. De estos dependerá su impacto. En todos los casos la legislación exige transparencia, pero cuanto mayor el daño que pueda causar la aplicación de la IA, más estrictas las reglas que deberán seguir sus proveedores. Y si el efecto es inaceptable para los derechos humanos y la democracia, no podrá utilizarse.
Ya varios países fuera de la esfera europea están trabajando hacia la redacción y aplicación de legislación similar. Costa Rica debería sumarse a esa corriente.
Dada la complejidad de la materia, nuestros limitados recursos y la naturaleza universal del desafío, la emulación que recomienda la Contraloría se justifica de sobra. Tenemos una gran oportunidad para obtener cooperación y acompañamiento de un socio confiable como la UE, y avanzar con certeza hacia un marco regulatorio moderno, balanceado y armonizado con los más altos estándares internacionales. No la desperdiciemos.