Johnny Araya compareció ante Tribunal de Ética de PLN
denuncia de secretario general plantea eventual pérdida de militancia
El alcalde de San José, Johnny Araya, compareció ante el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del Partido Liberación Nacional (PLN) por las sanciones que le ha impuesto la Contraloría General de la República (CGR), debido a hechos ocurridos en el ejercicio de su cargo en la municipalidad capitalina.
La comparecencia obedece a una denuncia presentada por el secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien solicitó una investigación interna y que, en caso de comprobarse los hechos señalados por la CGR, se suspenda al alcalde josefino de su militancia partidaria, según lo dispuesto por el Código de Ética y el Estatuto del partido.
La audiencia se llevó a cabo la noche de este jueves 21 de marzo en el Balcón Verde, sede del PLN en Sabana Oeste, San José. En el encuentro estuvieron presentes los representantes del órgano disciplinario, el alcalde y el secretario general.
Araya confirmó que asistió a la audiencia y rechazó las acusaciones contenidas en la denuncia, considerando que carecen de fundamento.
“Presentaré mis argumentos de defensa”, aseguró.
Guillén indicó que, durante la cita, el alcalde josefino aclaró sus puntos sobre el proceso. Sin embargo, expresó que, por ahora, no dará a conocer sus conclusiones sobre lo alegado por Araya en el foro.
“Este es un asunto en el que se deben considerar las actuaciones de don Johnny desde el plano moral”, aseveró Guillen.
En enero, el órgano contralor resolvió suspender por 20 días sin goce de salario a Araya debido a la contratación directa, sin concurso público ni estudios técnicos o legales, de un bufete de abogados para la asesoría jurídica laboral de la Municipalidad de San José.
En noviembre del 2021, Araya también fue suspendido temporalmente de su cargo debido al Caso Diamante, una investigación por presuntas anomalías en contratos de obra pública.
En agosto del 2022, el liberacionista recibió una nueva sanción por un supuesto pago ilegal a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital. La suspensión solicitada por la CGR fue por 30 días.
En julio del mismo año, volvió a ser suspendido por 25 días sin goce de salario, debido a la inscripción de un vehículo municipal como discrecional ante el Registro Nacional.