Dos gatilleros en moto disparan contra auto de jueza en Tarbaca
› Corte capacita a personal judicial sobre ‘vigilancia y manejo de riesgos’
Dos individuos a bordo de una moto dispararon en cuatro ocasiones contra el vehículo de una jueza penal de apellidos Castro Fallas, quien se desempeña en el Segundo Circuito Judicial, ubicado en Goicoechea, San José.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió a las 8:20 p. m. del jueves en la vía pública de Tarbaca de Aserrí.
Según la información preliminar, la jueza visitaba a un familiar en el momento del ataque. Los disparos impactaron en el parabrisas trasero, el techo y un costado del vehículo; no hubo personas heridas. Trascendió que la jueza participó recientemente en casos penales relevantes.
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia emitió ayer un comunicado en el que recuerda que los funcionarios judiciales también están expuestos a la ola de inseguridad que vive el país.
“Desde enero del 2024 se inició un proceso de capacitación al personal judicial sobre vigilancia y manejo de riesgos, con el fin de ampliar conocimientos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro”, se destacó. Además, se informó de que la Dirección de Seguridad del Poder Judicial está revisando los protocolos de seguridad para mejorar los sistemas de detección temprana de riesgos y vigilancia.
Colaboración. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, declaró en un video que su ministerio está disponible para colaborar con el Poder Judicial en la confrontación de actos de intimidación.
Aseguró que las fuerzas de seguridad estarán activas para prevenir futuros incidentes dirigidos contra quienes desempeñan funciones judiciales en el país.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) envió un documento a los magistrados en el que exigió acciones urgentes y coordinadas para garantizar la protección de los jueces.
“Uno de los problemas que más se han acentuado debido a la falta de recursos institucionales y a una estrategia interna limitada es la desprotección ante la inseguridad que enfrentan jueces y juezas de la República, frente a las presiones del crimen organizado y otros poderes fácticos”, aseguró Acojud.
La Asociación solicitó la activación permanente de la Comisión de Seguridad Institucional.
En el documento se hizo referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a un exrelator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, para insistir en la obligación del Estado de proteger a los operadores de justicia.
Intimidaciones. En febrero de 2021, un juez de apellido Salazar fue atacado por un grupo armado mientras se dirigía hacia Limón, donde trabajaba. En ese momento, el OIJ informó que el funcionario sufrió una golpiza, pero no dio más detalles.
En antecedentes más distantes, en 1992, el juez Máximo Esquivel escapó de un ataque incendiario lanzado contra su casa en Ciudad Quesada, San Carlos.
En 1996, los jueces que condenaron a la banda de Ricardo Méndez Castro, alias Bambam, sufrieron intimidaciones. Ese mismo año, la Fiscalía y la Policía Judicial investigaron a un grupo de extranjeros que ingresaron al país con la intención de secuestrar a la hija de una de las juezas.
Además, en marzo de aquel mismo año, desconocidos dejaron una nota amenazante a otro miembro de ese tribunal, el juez Carlos Boza, junto con una serpiente que dejaron en el buzón de su vivienda.
En enero del 2004, unos individuos siguieron al juez David Hernández hasta su domicilio. A pesar de los intentos del jurista por despistarlos, los individuos lograron mantenerse cerca durante el trayecto.
El 4 de abril del mismo año, encontró un papel en el parabrisas de su vehículo con el mensaje: “Cuidado con lo que hace”, acompañado por el dibujo de un hombre ahorcado.
Ese mismo año, una testigo y otro juez involucrados en el caso del homicidio del periodista Parmenio Medina también recibieron varias amenazas.