Hay que dar una oportunidad a las mujeres con discapacidades
La realidad es que la discapacidad es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza
Es bien sabido que las mujeres en las economías en desarrollo tienen menos oportunidades educativas y laborales que sus pares varones, lo que se traduce en tasas más altas de pobreza.
En Ghana, por ejemplo, los hombres tienen tasas de empleo e ingresos más altos que las mujeres, y es menos probable que se vean envueltos en empleos vulnerables. Lo que no se sabe tanto es que, según algunas métricas, la brecha no se está achicando lo suficientemente rápido: las mujeres en las economías en desarrollo siguen representando un porcentaje significativo de las personas económicamente en desventaja. Si a esa mezcla le sumamos la discapacidad, los desafíos que enfrentan las mujeres son aún mayores.
Hay más de 1.000 millones de personas que viven con discapacidades en todo el mundo; el 80 % del total en países en desarrollo. Si bien existen muchos modelos para medir la discapacidad, algunas conclusiones son indiscutibles: es más prevalente entre las mujeres (un 19 %) que entre los hombres (el 12 %); la gente con discapacidades enfrenta barreras enormes en materia de educación y empleo, lo que deriva en tasas más elevadas de pobreza de por vida, y los resultados para las mujeres con discapacidades son aún peores que para sus pares masculinos.
La experiencia de Ghana es un buen ejemplo. Las mujeres están representadas desproporcionadamente dentro del 8 % de la población que enfrenta limitaciones funcionales relacionadas con la vista, la audición, la movilidad, la capacidad cognitiva, el cuidado personal y la comunicación.
El 68 % de los hombres con discapacidades tiene un empleo vulnerable, comparado con el 80 % de las mujeres en igual condición, mientras que el 40 % de los hombres con discapacidades ha culminado una educación secundaria o postsecundaria, comparado con apenas el 31 % de las mujeres.
Prejuicios sociales. Esos resultados pobres en parte reflejan prejuicios sociales. Las expectativas de las capacidades de la gente con discapacidades tienden a ser bajas, de modo que los hogares muchas veces no están dispuestos a gastar recursos limitados en educarlos y los empleadores tienden a ser reacios a contratarlos.
Como las mujeres y las niñas son subestimadas con más frecuencia que los hombres y los niños —casi el 90 % de la gente en todo el mundo tiene prejuicios fundamentales contra las mujeres—, es más probable que queden rezagadas.
Si bien existen protecciones legales, no han sido suficientes para contrarrestar los prejuicios arraigados. Una razón clave bien puede ser la falta de datos integrales sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad, particularmente en África. Estos datos son esenciales para diseñar políticas más eficaces.
El primer paso para ocuparse de la discriminación entre personas (especialmente mujeres) con discapacidades, por ende, es garantizar una recopilación adecuada de información relevante, especialmente datos sobre el mercado laboral, sobre todo haciendo hincapié en un muestreo más inclusivo. Esto facilitaría la investigación desglosada por discapacidad y permitiría que se aprueben políticas robustas basadas en la evidencia.
Fortalecer las leyes de discapacidad requiere el uso de lenguaje suficientemente preciso —y políticas de apoyo— para garantizar que la gente pueda aprovechar las oportunidades cuyo derecho tiene garantizado. Por ejemplo, la Ley 715 de Personas con Discapacidad de Ghana garantiza a las personas con discapacidades una educación gratuita, pero no aclara hasta qué grado, mucho menos establece estructuras de apoyo relevantes.
Las consecuencias de estas fallas son de amplio alcance: una educación integral y de alta calidad es vital para sacar a las personas con discapacidades de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión.
Lo mismo sucede con el empleo de calidad. Pero aquí también faltan leyes en muchos países. Dado que el sector privado puede brindar solo una cantidad limitada de empleos, los gobiernos deben alentar a los empleadores privados a garantizar que las personas con discapacidades (correctamente calificadas) representen un cierto porcentaje de sus trabajadores.
Se pueden utilizar “zanahorias” (como desgravaciones fiscales) o también “palos” (repercusiones por incumplimiento).
Diversos desafíos. Pero el empoderamiento económico es apenas el principio. Las mujeres con discapacidades en Ghana y otras partes lidian con un acceso reducido a la atención médica y mayores riesgos de explotación sexual. Los responsables de las políticas, por lo tanto, deben diseñar leyes que garanticen que toda la gente tenga igual acceso a la atención médica y a otros servicios sociales, incluidos refugios contra la violencia doméstica.
Todos estos esfuerzos deben reconocer y tener en cuenta los diversos desafíos que enfrenta la gente con diferentes tipos de discapacidades, así como la realidad de que las mujeres son víctimas de una discriminación aún mayor que los hombres.
Por ejemplo, si bien se debe mejorar el acceso a la atención médica para todas las personas con discapacidades, es preciso prestar especial atención a la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva —inclusive estudios por imágenes para detectar cáncer de mama y servicios de planificación familiar— para las mujeres con discapacidades.
Asimismo, las organizaciones que trabajan para proteger a esta población deben diseñar programas hechos a medida para diferentes grupos. Y las oenegés relevantes deberían promover estrategias de participación para el desarrollo de intervenciones destinadas a respaldar a los grupos vulnerables.
Todas las políticas y programas del mundo no pueden garantizar una inclusión social y económica plena para la gente con discapacidades. También hacen falta campañas para reducir el estigma social que contribuye significativamente a la marginalización.
La realidad es que la discapacidad es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. Si el mundo pretende albergar alguna esperanza de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible —especialmente, eliminar la pobreza, alcanzar la igualdad de género y mejorar la inclusión social y económica—, las necesidades de las personas con discapacidades deben considerarse plenamente.