La administración Biden contra los jóvenes por el clima
Ya todos estamos pagando un alto precio por el cambio climático, pero quienes hoy son niños o jóvenes tendrán que soportar condiciones mucho peores y por mucho más tiempo. De hecho, si seguimos por la senda actual, el cambio climático no dejará de intensificarse por el resto de sus vidas. Por eso en el 2015 un grupo de jóvenes estadounidenses presentó una demanda contra los Estados Unidos para pedir que las decisiones gubernamentales tengan en su debida cuenta el cambio climático.
Mucho antes de que se sientan en su totalidad los efectos del cambio climático yo ya no estaré, pero los veintiún jóvenes demandantes del caso Juliana vs. EE. UU. verán sus vidas alteradas en forma radical. Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los menores estadounidenses que esperen hasta tener edad suficiente para votar por el cambio no es una opción viable.
El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante para exigir rendición de cuentas a los funcionarios elegidos. Y para los niños, a estas alturas, es el único medio disponible. El cambio climático, convertido en importante causa de ansiedad y depresión entre los jóvenes, ya afecta su salud física y mental.
Los “veintiuno del Juliana” hablan por todos los estadounidenses. Todos tenemos derecho a un clima habitable, con aire y agua limpios. Pero en vez de permitir la realización del juicio, el gobierno federal parece dispuesto a impedir por todos los medios que los jóvenes demandantes puedan hacerse oír en un tribunal.
En los nueve años transcurridos desde la presentación de la demanda, los veintiuno del Juliana y sus representantes legales han debido oponerse a catorce intentos del gobierno de los Estados Unidos de detener los procedimientos. (Aclaración: he actuado como perito pro bono en el caso).
El mes pasado, por sétima vez desde que se presentó la demanda, el gobierno federal solicitó un writ of mandamus; es una táctica procesal extrema por la que un tribunal superior ordena a uno de nivel inferior que no tramite un caso (en vez de seguir el procedimiento habitual, en el que el tribunal superior no puede emitir fallo sobre un caso hasta que haya sido tratado en los tribunales inferiores). Esta nueva jugada subvierte el procedimiento judicial y niega a los veintiuno del Juliana la posibilidad de que un tribunal público oiga y analice sus elementos de prueba.
Ejemplo de Montana.
Las acciones del gobierno son desconcertantes, si se tiene en cuenta que en todo el mundo y en los Estados Unidos diversos tribunales han permitido a jóvenes demandantes hacer planteos similares. Por ejemplo, en otro caso presentado por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust (que también representa a los jóvenes del caso Juliana), un tribunal de Montana determinó hace poco que cada tonelada adicional de gases de efecto invernadero que se emite agrava las ya importantes violaciones contra los derechos constitucionales de los jóvenes demandantes.
Por eso la jueza dictaminó que los funcionarios deben sopesar esos perjuicios al momento de decidir la concesión de licencias para la explotación de combustibles fósiles. Después de que la Corte Suprema de Montana rechazó un intento del Estado de suspender la ejecución de este fallo histórico, diversos organismos públicos están trabajando para que se aplique la nueva norma.
Juliana también pasará a la historia del sistema judicial por motivos propios: ningún otro caso en Estados Unidos ha tenido siete pedidos de writ of mandamus en su contra. Como señalan los demandantes, “de las más de 40.000 demandas civiles contra Estados Unidos, representado por el Departamento de Justicia”, solo en Juliana “ha intentado la procuraduría general detener la constitución de un expediente probatorio (...) sin otro argumento que el hecho de que la continuidad de los procedimientos cuesta mucho dinero al gobierno”.
Como reconoció el tribunal de Montana, el agravamiento de la crisis climática no se detiene. Cada día se emite más dióxido de carbono a la atmósfera; y cada día el gobierno de los Estados Unidos gasta varios millones de dólares en subsidios a la industria de los combustibles fósiles.
Esto nos cuesta por partida doble, porque pagamos por el subsidio y por los daños ambientales y sanitarios causados por la extracción de combustibles fósiles contaminantes y su uso como fuente de energía en vez de las limpias y disponibles fuentes renovables.
Costos infravalorados.
Si al gobierno le cuesta demasiado litigar en esta demanda es en parte porque lleva nueve años librando una batalla legal para acallar a los veintiuno del Juliana. De hecho, otra postergación no hará más que acrecentar el costo total previsto del litigio. Además, mi evaluación de los costos ambientales sufridos en estos últimos nueve años de postergaciones muestra que son muchísimo peores que los costos financieros citados por el gobierno.
No es esta una cuestión donde el gobierno pueda excusarse diciendo que no interfiere en la labor del Departamento de Justicia, porque en este caso, el gobierno es el acusado, y tiene responsabilidad plena por las acciones de la procuraduría general.
El mejor resultado (moral, económico y ambiental) sería llegar a un acuerdo con los niños. Lo único que quieren es que a la hora de tomar decisiones el gobierno tenga en cuenta los efectos del cambio climático sobre ellos y sobre las generaciones futuras. No parece tan difícil.
Si por alguna razón peculiar el gobierno no quiere acordar, entonces al menos debería permitir que la cuestión llegue a juicio. La Constitución y el sistema judicial de los Estados Unidos son recursos con capacidad para influir en lo que dará nuestra democracia a unos jóvenes que no pueden votar en una cuestión duradera y con riesgo para la vida como la crisis climática.
Los veintiuno del Juliana comprenden que si la procuraduría general vuelve a conseguir una postergación del juicio, no tendrán modo de evitar que el gobierno empeore el problema. Así como la respuesta a la crisis climática es urgente, ahora mismo es urgente impedir que la procuraduría general apele a la táctica extraordinaria de pedir que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o la Corte Suprema desestimen el caso, con lo que en la práctica se negaría a los jóvenes demandantes el derecho a llegar a juicio.
Tenemos que apoyar a los veintiuno del Juliana. En este caso, aquello de que la justicia demorada es justicia denegada es muy real.
Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los menores que esperen hasta tener edad suficiente para votar por el cambio no es una opción viable
JOSEPH STIGLITZ: ex economista principal del Banco mundial y expresidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de los estados unidos, es profesor distinguido en la universidad de Columbia y premio nobel de economía. © Project syndicate 1995–2024