¿Planificación o desplanificación urbana?
De 31 municipios, solo 19 poseen un plan regulador, algunos muy viejos y otros carecen de viabilidad ambiental
Lejos de frenar su gran marcha urbana, la Gran Área Metropolitana (GAM) crece por la libre, carente de una figura de liderazgo que orqueste su planificación.
Los diferentes actores que intervienen en el ordenamiento territorial, trabajan de forma dispersa provocando que el alcance de sus acciones sea limitado.
A ello se suma la falta de una política macro que contribuya a unificar y estandarizar los esfuerzos entre municipalidades. Hoy los ayuntamientos operan como pequeños Estados cuyas acciones solo alcanzan a sus propias fronteras geográficas.
La responsabilidad tiene varios rostros, por un lado figura la carencia de políticas públicas y, por otro, el mal manejo que han realizados las municipalidades de los planes reguladores.
De los 31 municipios que existen en la GAM, 19 poseen plan regulador. Sin embargo, algunos carecen de viabilidad ambiental, estudios hidrogeológicos o son tan viejos que mantienen una notable brecha con la realidad actual.
Hay quienes consideran que el país posee suficientes planes y legislación para echar a andar las acciones de planificación. No obstante, la deficiencia radica en su gestión. Lograr la ejecución de los planes para posteriormente articular los proyectos es un desafío sin resolver.
Esta problemática es alimentada por la falta de una autoridad y una normativa que consideren el carácter intercantonal de muchos asentamientos. Prueba de ello es que hay un limitado uso de los planes reguladores cantonales.
Esta responsabilidad se ha venido diluyendo con los cambios de gobierno, primero se le dio dicha potestad al INVU, luego al MIVAH y finalmente al Minae, sin lograr una posición constante, sólida y definida.
Existe también un marco regulatorio superado por el tiempo, reglamentos de construcciones, de urbanización, la ley de planificación urbana y otras normativas que datan de los años 60.
Hace poco más de tres décadas Costa Rica hizo esfuerzos por planificar y regular el uso del territorio. El primero se remonta a 1982, cuando se elaboró el plan GAM, posteriormente se intentó su actualización a través del proyecto PRUGAM que representó una inversión de $18 millones y luego fue desechado; posteriormente el INVU elaboró el Potgam que tuvo el mismo destino.
Actualmente, el único proyecto regional vigente es el Plan GAM 2013-2030, elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual tiene entre sus metas lograr que para 2017, los 31 municipios más urbanizados cuenten con plan regulador vigente.
No obstante, tras dos años de su creación, dicho plan ha sido poco difundido, no se reprodujeron sus ejemplares, no se les brindó el seguimiento a las municipalidades, ni se operacionalizó su aplicación por parte de las instituciones de gobierno, según revela un diagnóstico sobre la situación de la planificación territorial en Costa Rica, elaborado para el Proyecto Estado de la Nación 2015.
“Hay cabos sueltos tras los cambios de timón, con lo cual existe desconocimiento, sobre el alcance del Plan GAM, así como una falta de acompañamiento para trabajar en forma conjunta para materializar los planes reguladores”, comentó Tomás Martínez Baldares, coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbana, Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico.
La figura de las alianzas público-privadas podría ser parte de la solución, sin embargo, existe poca vinculación para generar desarrollos articulados.
La Cámara Costarricense de la Construcción ha promovido esta figura en los últimos años. En diciembre pasado logró que se firmara un decreto a fin de fortalecerlas y con ello impulsar obras y servicios públicos.
Mientras tales alianzas se concretan, la ciudad continúa creciendo en las periferias sin mecanismos modernos de gestión del suelo. Lejos de responder a políticas de ordenamiento a nivel nacional y local, su crecimiento se ha orquestado según la dinámica del mercado inmobiliario. Esto ha llevado a experimentar un colapso de la movilidad que se vive día a día.
En 2030 el país tendrá un poco más de 5,5 millones de habitantes, de los cuales la mitad vivirá en la GAM, según estimaciones del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica.