Entrevista especial Albino Vargas, secretario ANEP.
Respaldo a la ley de empleo público le pasará factura a futuro candidato rojiamarillo
8 “El problema de la desigualdad pasa por el tema de los salarios y no vamos a resolver este tema bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equiparlo con el sector privado”.
La decisión del presidente Luis Guillermo Solís de respaldar y discutir a partir de la otra semana, la ley de empleo público, tendría un elevado costo político para el gobernante Partido Acción Ciudadana de cara a las elecciones de 2018.
Unos 300 mil burócratas y sus familiares podrían votar por Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, como una medida de protesta en contra del gobierno que hoy encabeza Luis Guillermo Solís y que, supuestamente, era cercano a los trabajadores, asevera Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La molestia del sindicalista se debe a que la ley que debatirá el Congreso, con el apoyo del Gobierno, recortaría pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición y al mismo tiempo, bajaría el tope de cesantía de 20 años a ocho años, entre otras medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
De esta forma, solo quedaría “la democracia de la calle” como alternativa, agrega Vargas.
¿Se puede decir que con esta decisión, el gobierno del PAC les entrega la elección de 2018 a los partidos tradicionales?
Es una buena pregunta, ya que lo va a quedar en la imagen del empleado público es que este gobierno fue un desastre para sus intereses y eso pasa una factura, sobre todo si también se cobran nuevos impuestos a través del IVA principalmente que impulsa el presidente Luis Guillermo Solís.
Yo no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que somos 300 mil empleados públicos que se convierten en un 1 millón de votos con nuestros familiares y que una campaña política se puede perder por 50 mil votos o menos.
¿Hubo traición del presidente Solís con el sector sindical al respaldar esta propuesta?
Nos parece que el gobierno se mete en la danza electoral de 2018, y cree que al convocar esta ley tan nefasta va a ganar en imagen pública para su partido, a costa de sacrificar derechos laborales y salariales de los empleados públicos, uniéndose así al circo mediático que ha satanizado el empleo público.
Lo que no ha logrado entender es que se podría dar un efecto contrario.
El Gobierno cree congraciarse con la opinión pública, pero le hace el trabajo sucio al PLN.
¿Es el mayor retroceso laboral de
la historia?
Definitivamente. El problema de la desigualdad pasa por el tema de los salarios y no vamos a resolver este tema, bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equiparlo con el sector privado.
Eso no es justicia social.
¿Qué peso tiene el costo de los sa
larios públicos en el déficit fiscal?
Eso es lo extraño, el mismo gobierno nos ha dicho que el principal disparador del gasto público son los intereses de la deuda, que se comen el 40% del presupuesto de la República, entonces, no vemos la razón de echarles los muertos a los empleados públicos, cumpliendo con lo que dice Liberación Nacional de que los malos de la película somos nosotros.
Uno de los principales puntos de la ley de empleo público busca recortar las anualidades. ¿Son estas un derecho adquirido, o bien, un incentivo que debe ganarse?
La discusión de las anualidades y otros pluses debe darse en otro contexto, pero no de esta forma.
Se están mezclando pluses, anualidades y déficit fiscal, además de interés de la deuda y eso es un coctel molotov.
Los pluses de cada empleo público no son iguales, no hay un solo régimen de empleo público, sino 14 sistemas diferentes.
La gente no sabe, pero apenas el 0,6% de los burócratas tiene salarios superiores a los ¢2,5 millones, cuando lo que se debe hacer es revisar los salarios de lujo.
La ley establecería un monto máximo de salario cercano a los ¢5 millones, ¿acaso eso no es revisar los salarios de los altos jerarcas?
Por qué no legislan solo para jerarcas, por qué excluir a los banqueros, que den el ejemplo.
Están pagando justos por pecadores, nosotros somos puntuales pagadores de impuestos, pagamos renta cuando corresponde y pagamos el de ventas, cada vez que hacemos una compra, mientras existe una gran evasión de impuestos del 8,5% del PIB por parte del sector privado, además de un 6% del PIB en exoneraciones. Ahí es donde se deben hacer los esfuerzos.
Por otra parte, hay que aclarar que revisar los salarios públicos tendría poco impacto en la resolución del déficit fiscal, lo que quieren es empobrecer a la clase trabajadora.
¿Qué pasará ahora?
Creemos que hay apostar a la democracia de la calle. Espero un bochinche grande. Desde hace tiempo hemos hecho un llamado a la unidad sindical en la acción, pero la dirigencia no se ha comprometido. Espero que ahora cambie el panorama.
¿Irán a la Sala IV?
Todos los escenarios de empleo público están abiertos.
Nos preocupa que este tema se discuta en el Congreso, donde hay una gran carga ideológica, no hay una discusión sana, pausada, no se pueden resolver 70 años de empleo público y jurisprudencia en un solo proyecto de ley.