más Solo hablar de impuestos,
equivale a menor crecimiento económico
Una política tributaria que vea solo el lado de los ingresos y no controle o recorte los gastos públicos, no es promotora del crecimiento económico.
Eso es lo que busca el Gobierno para cerrar este último año de administración, en donde impulsa la aprobación del nuevo impuesto al Valor Agregado en detrimento del General sobre las Ventas y la nueva ley del impuesto sobre la renta (Ver recuadro).
En enero pasado, el Gobierno presentó nuevos proyectos de ley para la modernización de estos impuestos y retiró los que limitan el gasto corriente (regla fiscal) y el que modificaba las condiciones de los trabajadores estatales respecto a sus remuneraciones (ley de empleo público).
Ya por definición, el término “impuestos” reduce los ingresos de los empresarios, que podrían ser utilizados en nuevas inversiones o en capital humano.
Tomando en cuenta la poca ejecución en gastos de capital (infraestructura) de los últimos años y las cuantiosas convenciones colectivas del sector público, lo que se recauda tanto en impuestos como en colocación de la deuda, es para pagar salarios.
¿Por qué menos crecimiento?
En el caso de las empresas, el Impuesto sobre la Renta disminuye el rendimiento neto del capital invertido, esto reduce las utilidades, las cuales son la principal fuente de financiamiento en una unidad empresarial o el parámetro para apalancarse por medio de un crédito.
A mayores impuestos, menor rentabilidad y menor reinversión de utilidades en las compañías.
A esto se sumaría una mayor incertidumbre y temor a nuevas inversiones, ya que el sector privado sentiría que el peso de la reforma fiscal está desbalanceado.
Con la propuesta alternativa enviada recientemente a la Asamblea, la carga tributaria pasaría del 13,4% (estimada para 2017) a un 15% del PIB en 2018, indicó el Ministerio de Hacienda.
En México, por ejemplo, el costo social de pagar mayores impuestos —los cuales han pasado de pesar en la economía de un 8% del PIB a más del 12% en tan solo cuatro años—, se ha reflejado indiscutiblemente en un menor crecimiento económico, mientras que el beneficio social está en tela de duda al seguirse incrementando el número de mexicanos que viven en alguna condición de pobreza.
La propuesta actual
El pasado 26 de enero el Gobierno desistió de los proyectos de ley para un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% y un proyecto ampliado del Impuesto sobre la Renta, presentados al Congreso en agosto de 2015.
Asimismo, dos días después, se anunció por el presidente Luis Guillermo Solís que se dejarían de promocionar los proyectos que intentarían limitar el gasto corriente (regla fiscal) y modificar las condiciones de los trabajadores estatales respecto a sus remuneraciones (ley de empleo público).
De forma inmediata, el Gobierno anunció nuevos textos simplificados para lograr aprobar un IVA del 13% y un Impuesto sobre la Renta con solo algunos pequeños cambios del actual, buscando aumentar la base de contribuyentes principalmente, ya que podría gravar los servicios que antes no lo estaban, entre otros.
En un escenario donde no se apruebe una nueva reforma tributaria en 2017, y adicionando las nuevas obligaciones constitucionales y legales, se proyecta un déficit financiero del 6,6% del PIB en 2018 y del 6,9% en 2019, en comparación con el 5,2% de hoy, indicó el Ministerio de Hacienda.
Rebajas por falta de compromiso
El inicio del año trajo ya dos rebajas en las calificaciones de riesgo por la falta de un compromiso por encontrar una solución fiscal.
Esto, a la luz de los inversionistas internacionales y nacionales, significa entre otras cosas, restarle ambiente de negocios al país, generar más incertidumbre y valorar con mayor detenimiento un acceso a este mercado.