Pensiones de maestros pondrian a noiis entre ia espada y ia pared
Maniobra de Man o MU d complicaria campana del MAd
Una maniobra de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana pondría al presidente Luis Guillermo Solís entre la espada y la pared antes de la campaña electoral, al permitir a unos 6 mil educadores abandonar el régimen de pensiones de la Caja.
Se trata de obligar al Estado —o sea, eventualmente los contribuyentes— a desembolsar entre ¢11 mil millones y ¢30 mil millones durante 30 años para financiar las pensiones de los docentes, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, si el mandatario permite el traslado de los educadores al sistema jubilatorio del Magisterio Nacional.
Paralelamente, con el traslado se le quitarían de forma inmediata unos ¢52 mil millones al IVM de la Caja y se trasladarían al otro régimen.
Por otro lado, Solís correría el riesgo de comprarse la enemistad del gremio más grande del país, con 70 mil miembros, si vetara una ley que autorizara el traslado.
No hay certeza de que la medida sea aprobada en segundo debate, pasado mañana, ya que tanto Antonio Álvarez, candidato de Liberación, como Rodolfo Piza, aspirante por el PUSC, se manifestaron en contra al proyecto, mientras un puñado de legisladores estudiaban el fin de semana acudir a la Sala IV para frenar la votación.
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la maniobra alcance el objetivo de obligar a Solís a decidir entre dos opciones, cualquiera de ellas tendría el resultado de molestar a un grupo importante de votantes.
El proyecto se aprobó la semana pasada en primer debate, por el respaldo del PLN y el PUSC, además del Frente Amplio —que ha apoyado la propuesta desde 2010— y una legisladora del PAC que es docente.
Mientras tanto, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) refuta el impacto que ha señalado Hacienda y estima que solo serían unos 2 mil educadores los que dejarían el IVM.
No obstante, Jupema reconoce que de aprobarse el cambio, la mayoría de educadores rezagados se devolverían al sistema jubilatorio del Magisterio, donde el Gobierno debe aportar el 90% de lo que reciben los pensionados.
El Ministerio de Hacienda evaluó varios escenarios donde al Estado le correspondería pagar entre ¢159 mil millones y ¢535 mil millones, de acuerdo con la cantidad de docentes que se trasladen.
Los educadores desean reintegrarse al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, en parte debido al déficit que ya enfrenta el sistema jubilatorio de la Caja.
Se estima que la reserva del régimen de pensiones de la Caja se agotaría en 2030 si no se hacen reformas, por lo que la UCR, que realizó un estudio actuarial, recomendó aumentar la edad de retiro a los 70 años, además del porcentaje de las cuotas de los asegurados.
Los educadores estarían incentivados a trasladarse porque en el sistema del Magisterio se retirarían a una edad menor, tendrían que pagar menos cuotas y disfrutarían un mejor salario.
Sin embargo, los problemas financieros del IVM, en el que 1,4 millones de costarricenses están inscritos, se agravarían con la salida de un grupo importante de cotizantes.
Esto, porque se trata de un sistema solidario de pensiones, en el cual los que más ganan subsidian a los que no pagan pensión.