Recorte de ¢60 mil millones al presupuesto no alcanzará
Plan de 2018 debe presentarse a los diputados el 1° de setiembre
El recorte en el presupuesto de la República para 2018 será de apenas ¢60 mil millones, lo que no alcanzará para tapar el hueco fiscal que mantiene en vilo al Gobierno.
Los ministerios siguen revisando sus adquisiciones y redujeron algunos gastos para poner a raya el déficit fiscal, estimado en un 6,6% para 2018, según el Banco Central.
El ahorro es mínimo ya que se trata de solo un 0,7% del presupuesto actual, que es de ¢8,9 billones.
Y es que entre las partidas que se busca recortar no figura ninguna relacionada con los salarios, el gran disparador del gasto público en los últimos años.
El proyecto de ley para el nuevo presupuesto debe ingresar a la Comisión de Asuntos Hacendarios para su estudio el 1° de setiembre y aprobarse antes del 29 de noviembre.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo para reducir el presupuesto, incluso estamos tocando la gestión de los ministerios y cosas que son importantes, como la adquisición de vehículos o los materiales de trabajo”, destacó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de Hacienda.
El mandatario Luis Guillermo Solís es consciente de que el 95% de los rubros del presupuesto tiene obligación legal, por eso intenta recortar solicitudes de compras y alquileres, sin tocar el gasto destinado a obras de infraestructura pendientes.
“En alquileres hay que tener cuidado, cada caso es diferente; ejemplo es el Ministerio de Economía, que se pasó al edificio de la Aresep, cuyo contrato termina en marzo. Hay que preverlo porque no se puede dejar a la gente trabajando en la calle”, dijo Rodríguez.
Otra de las prioridades del Gobierno fue ordenarle a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado, primero la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno y luego, las demás transferencias.
La inflexibilidad del presupuesto es uno de los principales problemas que enfrenta el
Gobierno. El crecimiento de las transferencias, los salarios públicos y el alza en los intereses de la deuda pública son los principales disparadores del gasto público, sin embargo, por mandato constitucional no puede modificarlos.
“Costa Rica no es que gasta mucho, es que gasta mal. El déficit fiscal no es una novedad, existe desde hace años. El problema es que antes se invertía y ahora los recursos se están utilizando en pagar la operación real del Gobierno y hay una rigidez del presupuesto”, destacó Francisco de Paula Gutiérrez, expresidente del Banco Central.
El hecho de que el déficit fiscal llegue este año al 6,1%, la cifra más alta de los últimos 30 años, y que la deuda pública alcance el 50% del PIB dieron como resultado que el Gobierno presente un nuevo proyecto de reforma fiscal que incluye convertir el Impuesto de Ventas en uno al Valor Agregado (IVA), así como cambios en el Impuesto sobre la renta.
La iniciativa es analizada por los jefes de fracción, sin embargo, el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario y Liberación Nacional ya lo tiraron a la basura y solicitaron más contención del gasto, incluyendo la revisión de los pluses salariales en el sector público y varias reglas fiscales.
“No visualizo una acción correctiva en los próximos 16 meses, ya que es difícil alcanzar un consenso político eficaz en periodo electoral y si se aprobara la reforma no se modificarían los números de corto plazo, pero sí alterarían expectativas de mediano plazo”, destacó Gutiérrez.
El Gobierno también pidió autorización para colocar deuda externa (eurobonos), como ya sucedió en la administración de Laura Chinchilla y que permitió la emisión durante cuatro años y que trajo $4 mil millones al país, medida que fue criticada también por las bancadas legislativas y los economistas.
Otra de las soluciones pedidas por Solís es solicitar a los diputados luz verde para que el Ministerio de Hacienda pueda promover que inversionistas extranjeros vengan a comprar títulos de deuda interna, además derogó la ley para desincentivar el ingreso de capitales.