Practicar canopy y rafting sería mucho más caro
En la actualidad hoteles y restaurantes pagan tributo por ventas
Disfrutar del canopy, rafting, paseos en bote, teleféricos y demás servicios turísticos, les saldría más caro a los turistas nacionales y extranjeros de aprobarse el proyecto fiscal impulsado por el Gobierno.
Debido a la falta de recursos del Estado, el presidente Luis Guillermo Solís ha propuesto un aumento progresivo de los impuestos al sector turismo, hasta alcanzar un 15% en cuatro años.
La propuesta es parte del plan fiscal que ya se encuentra en el Congreso y que tiene al sector productivo sumamente preocupado.
Durante el primer año de la aprobación del IVA, se mantendrían las condiciones de exoneración, siempre y cuando las empresas estén inscritas ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
A partir del segundo año, cancelarán un 5% y la tasa irá subiendo de forma escalonada hasta llegar al 15% en el cuarto año.
En la actualidad, únicamente el sector de hoteles y restaurantes cancela el 13% de impuesto de ventas, el resto de las actividades están exoneradas.
“Debemos entender que los turistas no son residentes, cargarles tanto impuesto sobre el valor agregado no es correcto. Costa Rica es un destino con un elevado costo, estos aumentos no se derivan de la realidad económica nacional y afectarán la competitividad ante otros destinos”, destacó Massi Devoto, presidente de Acoprot.
La única manera de que los empresarios se salven de más impuestos durante el primer año es que se inscriban en el ICT.
Esa medida tiene posiciones disímiles entre el mismo sector. Unos lo ven como un condicionante y otros consideran que es bueno para ir construyendo un registro de cuáles empresas turísticas están operando.
La incorporación al ICT se hace de manera voluntaria, en la actualidad y eso les brinda, en algunos casos, la oportunidad de participar en ferias internacionales de promoción turística, ser parte de catálogos, videos o información web que tiene la institución.
“Consideramos que es inapropiado, porque el ICT no es un ente rector y se le transfiere la autoridad de decir quién paga y quién no. No es lo mismo que voluntariamente la empresa decida adherirse a que se le obligue para recibir una exoneración de impuestos”, dijo Isabel Vargas, presidenta de Canatur.