Solís confirma el legado de Gobierno gastón
Incremento en remuneraciones se disfraza con una reducción en la inversión
Incremento en remuneraciones se disfraza con una reducción en la inversión
Con otro fuerte aumento en la compensación de los funcionarios públicos, Luis Guillermo Solís consolida el legado de su gobierno como el más gastón del siglo XXI en lo que a salarios se refiere, exceptuando el periódo de crisis de 2008, bajo el mandato de Óscar Arias.
El presupuesto presentado la semana pasada plantea un incremento general del 3,2% con respecto a 2016, lo que es razonable ante la expectativa de la inflación para el año entrante.
Sin embargo, el gasto en remuneraciones aumentará casi un 7%, más del doble de la inflación promedio en los últimos años.
Se trata de un escalón más en la compensación de los funcionarios públicos, que en los cuatro presupuestos de este Gobierno aumentó un 34%.
En comparación, el incremento acumulado en este rubro durante la administración de Laura Chinchilla fue de solo el 22%.
Se trata en ambos casos de montos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación e incluyendo los salarios, así como dos tercios de las transferencias, que representan la compensación a empleados de varios entes públicos descentralizados, pagada por el Gobierno central.
Mientras tanto, la reducción de los montos destinados a inversión, tanto en infraestructura como bienes duraderos, ha maquillado el presupuesto para que el incremento del 3,2% no parezca tan alto.
La consecuencia de tal estrategia será de ¢120 mil millones menos para obras públicas y compra de bienes, lo que deja la ya magra partida de inversión en solo ¢548 mil millones.
En tanto, el pago por el servicio de la deuda en 2018 se mantendrá casi tablas respecto al presupuesto de este año en ¢2,9 billones.
Esto se debe a que mientras el pago de intereses aumentará en ¢293 mil millones, la amortización del principal se reducirá en casi la misma cuantía.
Esto no quiere decir que no haya aumento de la deuda, ya que los ingresos del país son insuficientes para hacer frente a los gastos en su totalidad.
De hecho, el 44% del presupuesto se financiará con emisión de deuda, es decir, unos ¢4 billones.
Si bien el gobierno busca mostrar austeridad en el nuevo presupuesto, lo cierto es que hasta que no se discuta de fondo la política salarial los desequilibrios seguirán existiendo. Por su parte, varios gremios han puesto el grito en el cielo al
considerar que el aumento de casi el 7% es bajo, estimando que la inflación reduciría el valor real de sus ingresos.
La realidad es que el salario de cada empleado público aumentó un 48% por sobre la inflación en los últimos ocho años, lo que sitúa a los trabajadores estatales como claros ganadores.
El desbalance entre ingresos y gastos del Estado llama a la mesura.
El gobierno ha propuesto una reforma fiscal pero la solución sería temporal, ya que mientras existan conceptos como anualidades, que plantean incrementos automáticos sin tener en cuenta la inflación y los ingresos del Estado, el problema seguirá existiendo.
El sector privado, por su parte, así como la oposición, han mostrado voluntad de aprobar la reforma fiscal a cambio de una reestructuración de los gastos del Gobierno.