Redes sociales atizan la campaña política más sucia de la historia
Seis años de cárcel es la pena por suplantar identidad o difundir mentiras
Si las redes sociales dijeran la verdad, en la papeleta presidencial de febrero 2018, Costa Rica tendría un presunto títere de la “Cosa Nostra”, un supuesto agresor y hasta la reencarnación del exlíder venezolano Hugo Chávez.
Perfiles falsos, bots, troles, hackers y otros tipo de terroristas cibernéticos libran una guerra de guerrillas en el mundo virtual a menos de tres meses de las elecciones, donde la verdad ha sido secuestrada y la tónica son las conspiraciones, las injurias y hasta los insultos.
Y es que para cada candidato presidencial, hay una némesis cibernética en facebook, twitter y otras redes, que se encarga de vilipendiar a diestra y siniestra a su rival.
Lo peor es que esta nueva forma de hacer política llegó para quedarse, y los candidatos tienen que adaptarse para sobrevivir.
Esto ha hecho que los propios candidatos —incluido Otto Guevara del Movimiento Libertario, que lleva cinco procesos presidenciales a cuestas—, aseveren que esta es la campaña política más sucia de la historia.
El propio Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, reconoce el peligro de la desinformación y por tanto, ha pedido a los electores razonar bien su voto y cuidarse de recibir información malintencionada.
“Antes de votar, los electores tienen que buscar información de calidad sobre los aspirantes, sus ideas y trayectorias. Tienen que ponerse en guardia frente a rumores y anónimos, con una actitud crítica a la hora de consumir información. Frente a cualquier afirmación, positiva o negativa, tienen que ver si está respaldada, la credibilidad de quien la dice y con qué pruebas lo hace. Informarse no es atiborrarse de datos y noticias. Requiere reflexión y discernimiento de su parte”, dijo Sobrado.
“El Oráculo de la verdad”, “Yo ayudé a destruir al PLN”, “Patria Libre de Corruptos” y “Cementazo”, son algunos de los perfiles en Facebook que comparten material crítico regularmente, en contra de los partidos y de los candidatos presidenciales.
Esta guerra sin cuartel deja de lado las ideas y los planteamientos y apela únicamente a la crítica irracional de los electores, quienes no se dan cuenta de que están cayendo en una trampa y comparten y viralizan mensajes difamatorios en sus propios perfiles.
Esto, sin importar que desde 2012 el Código Penal establece una serie de delitos informáticos que incluye penas de prisión, para quien propague noticias o hechos falsos a través de medios electrónicos — como las redes sociales—, o bien, suplanten la identidad de alguien.
Por ejemplo, la ley establece hasta seis años de prisión para quien suplante la identidad de un tercero en una red social, mientras que una pena similar se aplica a quien difunda información falsa.
No obstante, en la práctica sería casi imposible controlar la difusión de estos mensajes difamatorios, ya que en el momento en que se empiezan a compartir en las redes sociales por ciudadanos común y corrientes, los candidatos presidenciales quedan prácticamente indefensos.
Lo que sí podrían hacer es tratar de llegar a la fuente y denunciar los perfiles que les afectan ante el OIJ, pero hasta el momento eso no ha sucedido.
Precisamente, la tónica hasta el momento ha sido ignorar los mensajes, o bien, contestar apelando a propuestas racionales y datos.
En algunos casos, no queda otra más que bloquear perfiles que a todas luces tienen como objetivo, ser una herramienta de campaña de alguno de sus adversarios.
Pese a que llevan las de perder en esta guerra cibernética, ninguno de los candidatos acepta tener un ejército bajo su mando, a lo sumo, reconocen contar con un equipo de redes sociales, para difundir comunidades, fotografías, ideas y responder a los ciudadanos interesados en la política.