Medidas para mitigar impacto a IVM solo “patean la bola”
Con el cambio se darían seis años antes de llegar a momento crítico en 2038
Si al menos cinco de las 33 recomendaciones realizadas por la mesa de diálogo de los sectores y el Gobierno para mitigar el impacto financiero al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja se llegaran a ejecutar, se darían 20 años adicionales de solvencia, seis más de lo que se esperaba.
Las medidas solo corrigen algunas cosas, pero no son drásticas, indicaron varios participantes de la mesa, en especial el sector privado.
Hay que estar claros en que las propuestas tampoco dan una solución al problema estructural de largo plazo del régimen, sin la cual, este quebrará, dejando sin pensión a miles de costarricenses —por el momento hasta después de 2038—.
“Evidentemente tendremos que volver a convocar la mesa de diálogo dentro de cinco años para ver qué ha pasado y ahí volver a analizar las soluciones al problema estructural”, indicó Luis Mesalles, representante de la Unión de Cámaras, quien formó parte de esta acción.
De las 33 recomendaciones, cinco son las que darían mayor beneficio, para concederle esos seis años más al régimen del IVM antes de llegar a tener problemas financieros.
La primera es cambiar el aumento proporcional de las cuotas establecido en 2005, que no sea cada cinco, sino cada tres, con un aumento en las cuotas de medio punto porcentual, repartido entre patronos, trabajadores y el Estado.
Con la modificación, se pretende llegar a una cotización tripartita del 12,16% para 2029, hoy es del 10,16%, el patrono pone un 5,08%, los trabajadores el 3,84% y el Estado un 1,24%.
De hecho, desde el pasado 1° de junio, los casi 1,5 millones de asalariados pagan un punto porcentual más y el Gobierno hace año y medio 0,66 puntos más.
La segunda medida tiene que ver con el aporte que los trabajadores hacen al Banco Popular, el cual pasaría a ser del IVM, cerca de unos ¢85 mil millones.
Hoy los asalariados trasladan un 0,25% de su ingreso a la entidad financiera, como parte de su capitalización, para realizar este cambio se necesitaría un proyecto de ley.
La tercera propuesta también requiere un proyecto de ley, este quitaría ¢60 mil millones anuales del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), y los trasladaría directamente al IVM, este dinero es parte de los destinos de transferencia del presupuesto nacional.
Las otras dos propuestas son de índole administrativa, que podrían ejecutarse con facilidad con tan solo la aprobación de la junta directiva de la Caja.
Que el porcentaje de cuantía adicional por postergar la pensión empiece a operar a partir de las 300 cuotas cotizadas, en lugar de las 240 con que se da el beneficio hoy, sería la cuarta recomendación.
Y la quinta tiene que ver con la forma como se invierten los dineros del fondo, así la administración del IVM deben establecer como meta de rendimiento real sobre el fondo de inversión un porcentaje no menor al 4,8%.
En la mesa se evitó hablar de un tema que va directo al problema estructural, que es el ajuste de edad de retiro, cuotas y beneficios.
El último informe actuarial presentado este año por la UCR sobre la salud financiera del IVM, advirtió sobre una eventual crisis alrededor del año 2030, si no se toman medidas que impliquen ajustes en edad (subirla a 70 años), cotizaciones y beneficios, entre otros.
La mesa de diálogo terminó, el 31 de octubre pasado, un trabajo de casi siete meses de análisis de informes técnicos.
El jueves pasado, la junta directiva de la Caja recibió con buenos ánimos el informe e incluso lo alabó.
“Apreciamos también el balance en no proponer medidas que puedan ser descabelladas o radicales, y que no fomenten en negativo el buen ambiente social en que se ha gestado ese informe”, indicó Fernando Llorca, presidente de la Caja.