Candidatos evaden promesas de cambios en salario de burócratas
Los candidatos a la Presidencia de los principales partidos políticos evaden prometer cambios en la fórmula de cálculo para la fijación de los ajustes salariales en el sector público, uno de los principales disparadores del gasto.
Y es que comprometerse en esta materia a pocos días de las elecciones presidenciales los haría perder el apoyo de los sindicatos y no quieren arriesgarse.
Estos grupos de trabajadores claman por que se tome en cuenta no solo la inflación acumulada a la hora de hacer el cálculo, sino también el costo de la vida y el crecimiento de la producción.
El rubro de salarios absorbe un 35% del gasto público y en diciembre de 2016 aumentaron un 3,6% con respecto al mismo periodo de 2015, según datos del Ministerio de Hacienda.
“No tenemos una posición sobre este tema, por el momento será algo que analizaremos con los sindicatos una vez que llegue a ocupar la silla presidencial”, aseguró Antonio Álvarez, candidato de Liberación Nacional.
El gasto en salarios no subió únicamente por los incrementos aprobados, sino también porque la cantidad de puestos creció un 27% en la última década, al pasar de 109 mil en el 2007 a 139 mil en la actualidad.
Por eso, en la bancada del PUSC consideran necesario que se contenga el crecimiento en el número de plazas y ponerles un alto a los nuevos privilegios y al otorgamiento de condiciones salariales injustificadas.
“Creemos que se deben frenar las recalificaciones y mantener el aumento en los salarios en línea con el aumento en el costo de vida”, aseguró Edna Camacho, candidata a vicepresidenta por el PUSC.
Los incentivos son otro aspecto al que los candidatos quieren aplicarle cambios, en anualidades y pluses salariales, que crecen todos los años como la espuma. Por ejemplo, en 2007, alcanzaron ¢4,8 millones al año y para este 2017, rondarán los ¢7,6 millones.
Los candidatos del Movimiento Libertario, Otto Guevara; Edgardo Araya, del Frente Amplio, y Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, consideran que estos derechos adquiridos de los trabajadores se los deberían ganar, de acuerdo a su excelencia.
“Los libertarios presentamos un proyecto de ley para que se le entregue la anualidad a uno de cada cinco empleados y que se establez- can parámetros para calificarlo por excelencia. Además, se congelarían para los nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral”, destacó Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.
Araya y Hernández también confirman la necesidad de evaluar el desempeño y que los salarios de las personas reflejen su responsabilidad, puntualidad y eficiencia.
“Las anualidades deben ser evaluadas por la eficiencia del servidor público, esa fue la idea inicial, pero algo pasó en el camino y se desvirtuó el espíritu de esos beneficios”, dijo Hernández.
En esta administración, siendo Carlos Alvarado, ministro de Trabajo, se revisó la política salarial.
Ahora, como candidato a la Presidencia por el PAC está convencido de que eso es una tarea permanente y considera que hay espacio institucional, como lo es la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público, para que se analice este tema de forma bipartita.