La Republica

PAÍS PUEDE CONCILIAR EN CIDH Y APROBAR YA MATRIMONIO GAY

Acuerdo por demanda de 2012 tendría la misma fuerza que sentencia

- Esteban Arrieta earrieta@larepublic­a.net @earrietaLR

Si el gobierno de Luis Guillermo Solís lo desea, puede validar el matrimonio gay en Costa Rica en unas cuantas semanas, sin necesidad de esperar a que la Sala IV o la Asamblea Legislativ­a tomen la decisión.

Lo único que tendría que hacer es conciliar ante la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH), una salida negociada a la demanda que presentó desde 2012 el abogado Yashín Castrillo.

De esta forma, lo acordado con el activista obtendría la firmeza de un fallo de la CIDH y con ello, sería de carácter obligatori­o, a diferencia de la opinión consultiva que fracasó en días pasados.

En una eventual conciliaci­ón Costa Rica asumiría compromiso­s como eliminar o reformar el artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por ser un fallo de la CIDH sería supranacio­nal a la Constituci­ón Política, por lo que ni la Sala IV, ni el nuevo gobierno podrían frenar la decisión, a menos que el país se salga de la convención interameri­cana.

“Si este Estado fuera consecuent­e con su prédica de matrimonio igualitari­o, debería pedir una audiencia de conciliaci­ón ante la Corte, para que se adquieran compromiso­s internacio­nales que son vinculante­s para esta administra­ción y gobiernos venideros”, dijo Castrillo.

Con un proceso de conciliaci­ón en firme, el país ya podría ser sancionado económica y moralmente por violentar los derechos humanos, en caso de que el Congreso o la Sala IV se nieguen a cumplir.

En ese sentido, Castrillo considera que el gobierno no toma la decisión porque sabe que tendría un alto costo político en la recta final de campaña.

Y es que en estos momentos, ninguno de los principale­s aspirantes presidenci­ales está dispuesto a luchar por el matrimonio gay.

Se trata de Fabricio Alvarado de Restauraci­ón Nacional, Juan Diego Castro del PIN, Antonio Álvarez del PLN y Rodolfo Piza del PUSC.

Mientras tanto, Carlos Alvarado del PAC y Edgardo Araya del Frente Amplio sí desean validar la unión entre personas del mismo sexo.

“Reconozco que este gobierno y la vicepresid­enta Ana Helena Chacón han sido aliados invaluable­s en la lucha de los derechos LGTBI, pero niego que ante la opinión consultiva, hayan apoyado el matrimonio igualitari­o, ni la unión de hecho, siempre apoyaron la sociedad de convivenci­a únicamente, mientras que está claro hoy, que la mayoría de candidatos no apoya el matrimonio”, concluyó Castrillo.

Sobre este tema se trató de obtener la opinión de la Cancillerí­a y la vicepresid­enta Ana Helena Chacón, pero al cierre de edición, no contestaro­n las respuestas enviadas por LA REPÚBLICA.

Para la comunidad diversa la conciliaci­ón sería uno de los mejores escenarios, ya que los candidatos presidenci­ales que lideran las encuestas, se oponen abiertamen­te al matrimonio gay, por lo que si no se toma una resolución pronto, el tema podría quedar congelado por tiempo indefinido una vez más.

A inicios de enero, la CIDH dio su opinión consultiva en torno al

Principale­s candidatos a la Presidenci­a no están de acuerdo

matrimonio gay y al reconocimi­ento legal por orientació­n sexual y no por género, lo cual abrió un debate nacional en torno a los derechos civiles fundamenta­les de la población diversa.

Desde entonces, el gobierno de Luis Guillermo Solís, que planteó la consulta a mediados de su mandato, se ha encargado de notificar la resolución con el objetivo de que se empiece a aplicar de manera inmediata.

Sin embargo, el viernes anterior la Dirección Nacional de Notariado informó que por acuerdo, los matrimonio­s gais no son legales, “hasta que no se produzca una reforma legislativ­a, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constituci­onal”.

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“Si el Estado fuera consecuent­e con el matrimonio igualitari­o, pediría una audiencia de conciliaci­ón”, dijo Yashín Castrillo, abogado activista. Gerson Vargas/La República

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