Cerrar o vender instituciones, siguiente paso en reforma fiscal
El cierre, fusión o venta de instituciones públicas y programas que duplican funciones, deberían ser los siguientes pasos para resolver el déficit fiscal, de acuerdo con especialistas consultados por LA REPÚBLICA.
Para nadie es un secreto que la reforma tributaria que aprobaron los legisladores en primer debate no alcanzará para resolver el elevado déficit fiscal que se estima en un 7% del PIB para el cierre del año, según estimaciones del Banco Central.
Si se llegan a dar los cambios, los más optimistas apenas indican que se resuelve en un 1,7% del PIB, lo cual es claramente insuficiente.
Ante este panorama, propuestas más estructurales en cuanto al gasto público, deben ejecutarse, para sanear de una vez las finanzas públicas, indican varios especialistas.
De no hacerlo, el Estado se volvería a ver con el agua al cuello en el corto o mediano plazo y tendría que pedir nuevamente impuestos, o incluso, acudir a organismos internacionales para salir adelante.
“El enfrentamiento con los sindicatos y la pérdida de apoyo que sufrieron, deja un escenario favorable para aprobar el salario único y plantearse también la venta de activos estatales para abonar a la deuda”, dijo Juan Carlos Hidalgo, analista de Cato Institute.
En el país hay más de 332 instituciones públicas, de acuerdo con un informe preparado por la Academia de Centroamérica en 2015.
La proliferación de dependencias estatales, muchas de ellas sin fuente de financiamiento propio, se produjo en las últimas seis décadas.
Un ejemplo de ello son el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que cubren la misma atención de ayuda social, o bien, las cuatro superintendencias, que podrían estar fusionadas en una sola.
Otro es el Consejo Nacional de Viabilidad y el Consejo de Seguridad Vial, que también son parte de la proliferación descontrolada de dependencias públicas, indicaron los expertos.
Gracias a la explosión de instituciones, el gobierno quedó con un control limitado del gasto, se generaron deficiencias en la utilización de los recursos y lo que es peor, no se ha logrado avanzar sustancialmente en la solución de problemas como la pobreza o la deficiente infraestructura.
“Como diputado dejé varios proyectos para recortar el gasto público, a través del cierre o fusión de varias instituciones. El proyecto fiscal aprobado nos ayuda con el flujo de caja, pero no resuelve los problemas estructurales”, dijo Ottón Solís, economista y exlegislador.
Una ley de empleo público, el recorte de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto y una regla fiscal constitucional también deben ser valorados como los siguientes pasos.
Duplicidad de funciones, ineficiencia y poco control de gasto público, son las consecuencias