Genera ción solar: muchos David versus algunos Goliat
ICE y otras distribuidoras defienden inversión en la red nacional eléctrica
Los derechos de las personas que deseen invertir en la generación solar en sus casas y empresas, están enfrentando la resistencia de las siete distribuidoras, que son responsables de suministrar la electricidad en todo el territorio nacional.
No se sabe todavía cuál será la forma de balancear los intereses de ambas partes.
Incluso, el potencial de uso de un sistema solar no tendría el horizonte claro, ya que la versión preliminar de un decreto ejecutivo sobre el tema confunde más de lo que esclarece.
Una de las propuestas permitiría el crecimiento de los paneles solares, al quitar el tope actual del 15% de la demanda total eléctrica que limita el desarrollo de la opción solar.
Sin embargo, cualquier propuesta para la instalación de un panel fotovoltaico estaría sujeta a un estudio, para determinar si causaría una afectación a la red del distribuidor.
Esto atrasaría la instalación de un sistema solar, y a la vez no queda claro cómo se definiría la afectación, quién haría el estudio o quién tomaría la decisión final.
Otra demora sería producto de una moratoria de seis meses para obtener el permiso para instalar algún panel solar, supuestamente para proteger al comprador, antes de que haga una inversión que no entienda bien.
El decreto además obligaría a un particular a adquirir el medidor de su sistema no en el mercado, sino del propio ICE, mientras no ajustaría el límite actual del 49% de la generación solar que se pueda intercambiar con el distribuidor.
El problema de las distribuidoras es que una amplia generación solar de parte de los particulares incrementaría el costo de la electricidad de los demás usuarios, ya que menos consumidores pagarían el costo de los activos fijos de la producción convencional, incluidos represas, torres, cables y subestaciones en todo el país.
Por otro lado, se espera que la demanda total crezca más rápido que la de energía solar.
Habrá un plazo de varios meses para analizar los distintos aspectos del decreto, antes de que entrara en vigencia.