Magistrados definirán disputa entre municipalidades y Hacienda

Gobiernos locales luchan por salirse de directriz que les impone un límite en sus gastos corrientes

Los magistrados constitucionales serán quienes resuelvan la disputa entre las municipalidades y el Ministerio de Hacienda por el cumplimiento o no de la regla fiscal. Esto, luego que acogieran para estudio una acción de ilegalidad contra dicha medida presentada por Laura Chaves, alcaldesa de Alajuela, con el respaldo de las asociaciones municipalistas.

La regla fiscal impone un tope de

crecimiento del 4.7 % en los gastos corrientes de los gobiernos locales del próximo año.

Mediante esta directriz, el Ministerio de Hacienda trata de crear un aporte ordenado para que las finanzas sean sostenibles, según la ministra Rocío Aguilar, quien ha advertido que las finanzas sostenibles no son un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el mayor bienestar del país.

Pero, argumentando que el artículo 170 de la Constitución Política da autonomía a los municipios para dictar sus presupuestos, y que el artículo 175 establece que es la Contraloría General la que debe aprobarles estos planes de gasto, es que los alcaldes están solicitando que se les excluya de la lista de instituciones que deben someterse a esta medida.

Además, defienden que, de los ₡596 mil millones que perciben los ayuntamientos anualmente, sólo el 16 % pertenecen a transferencias del Poder Ejecutivo, y el 82 % se da por el cobro de los impuestos de bienes inmuebles y construcción y patentes.

“No somos los municipios lo que generan un déficit a los recursos del Gobierno Central, ya que las transferencias del Estado a las municipalidades representan un aproximado del 1 % de los recursos que nosotros recibimos”, aseguró Chaves.