¿Qué puede hacer el Gobierno para recortar los pluses en el Poder Judicial?
PERMITIR EXONERACIÓN DE LA CORTE ABRIRÍA PORTILLO PARA RESTO DE SECTOR PÚBLICO
Para recortar los pluses salariales que disfrutan los trabajadores del Poder Judicial, el Gobierno tendría un reducido grupo de opciones, esto ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autoexonerarse de los alcances del plan fiscal.
Se trata de incentivos como un tope de cesantía de doce años en vez
de ocho, además de calcular los pluses como las anualidades como un porcentaje y no como un monto nominal, como se hará con el resto de trabajadores del sector público.
Pedirles a los diputados que modifiquen las partidas presupuestarias de la Corte para el 2020 en el próximo presupuesto de la República es la opción más inmediata y obvia para meter en cintura al Poder Judicial, aseveró Fabián Volio, abogado constitucionalista y profesor en la Universidad La Salle.
Al ser los legisladores quienes aprueban el plan de gastos del Gobierno central, ellos podrían hacer modificaciones, tal y como lo hicieron hace un año, cuando se recortaron unos ¢10 mil millones a las universidades públicas, al considerar que el gasto era excesivo y no se justificaba.
Para meter un poco de presión en este tema, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ya ordenó un recorte de ¢2.543 millones adicionales en el plan de gastos del Poder Judicial para crear tribunales anticorrupción.
Otra posibilidad es que el Gobierno de Carlos Alvarado instruya a la Procuraduría para que plantee una denuncia ante los tribunales, lo que podría durar años en resolverse.
En este escenario, habría que tomar en consideración que la Corte sería demandada y juez en el litigio al mismo tiempo, aseveró Fernando Zamora, abogado constitucionalista.
Otra de las opciones es que los diputados y el Gobierno se pongan de acuerdo a la hora de presentar un proyecto de ley - que se podría tramitar por la vía expedita -, para derogar o reformar todas las normas que hoy usa la Corte para garantizar la defensa de los pluses.
En este caso, es posible que se requieran, al menos, 38 votos, ya que la Constitución Política establece que para hacer cambios en el funcionamiento de otros poderes de la República se requiere de un voto mayoritario en el plenario.
Para el Gobierno es fundamental ganarle la batalla al Poder Judicial, pues de lo contrario, se abriría un portillo para que el resto del sector público trate desligarse del plan fiscal, lo que implicaría que los nuevos impuestos servirían, a mediano plazo, para cancelar los incentivos que reciben los burócratas, dijo Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional.
En ese sentido, la rebelión contra el plan fiscal y sus alcances en cuanto a las remuneraciones ya se hizo extensiva a las universidades públicas, municipalidades y la Caja.
Consecuentemente, es posible que la policía organice una huelga contra el recorte de incentivos, dejó entrever el sindicalista Albino Vargas.