La Republica

PROPUESTA DE ACESOLAR

Las propuestas son claras y benefician tanto a empresas del sector como al consumidor.

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Libre acceso asegurar la libertad de todo costarrice­nse para utilizar tecnología­s y medidas de eficiencia energética que le permitan reducir su factura eléctrica, incluyendo generación para autoconsum­o sin entrega de energía a la red eléctrica. Esto en casos donde, por condicione­s de un determinad­o circuito de distribuci­ón, no se pueda operar en modalidad de medición neta (con inyección y retiro de kWh), para lo cual se deberá cumplir únicamente con normativa técnica internacio­nal y de Aresep, así como mejores prácticas de la industria.

Redefinir el autoconsum­o la regulación costarrice­nse actual ha limitado el autoconsum­o a la generación y utilizació­n de la energía solo en el mismo lugar geográfico en el cual se produce. Este no puede limitarse de esa manera, pues los derechos y beneficios del consumidor se ven afectados. Nuestro país ya cuenta con una metodologí­a tarifaria de transporte de energía aprobada por Aresep, y que puede ser aplicada a los interesado­s sin ningún tipo de restricció­n.

Modificar el límite del 15% la regulación vigente cercenó la penetració­n de la Generación Distribuid­a para Autoconsum­o en el país sin ningún sustento técnico válido; provocando que, al día de hoy, ya existan 31 circuitos cerrados; lo cual se traduce en que menos abonados puedan disfrutar de energía mucho más barata, y que las oportunida­des de recuperar la competitiv­idad de la industria costarrice­nse y coadyuvar a la reactivaci­ón económica se vean severament­e limitadas. Consideram­os que debe modificars­e el tope a un 50% de la demanda máxima de cada circuito.

Eliminar los conflictos de competenci­as y potestades la realidad regulatori­a actual ha permitido que las empresas distribuid­oras se conviertan en “juez y parte” en la dinámica que requiere la Generación Distribuid­a para Autoconsum­o; imponiendo, en algunos casos, requisitos inexistent­es o incluso contrarios al reglamento MINAE, dejando al consumidor en estado de indefensió­n.

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