SINDICATOS SUFREN ABRUPTO RECORTE DE PODER
Trabajadores de la Caja amenazan con nuevas protestas
En menos de una semana, los sindicatos sufrieron el recorte abrupto de su poder. Sin embargo, amenazan con nuevas protestas para tratar de defender sus pluses y el derecho a la huelga; al mismo tiempo, esperan que la Sala IV les dé la razón en los diferentes recursos planteados.
Ayer, la Contraloría ordenó a la junta directiva de la Caja que ejecute inmediatamente la reducción de los pluses salariales de sus trabajadores.
Asimismo, le exigió a la institución abstenerse de acudir a la vía legal para determinar si se puede o no pagar los incentivos que demandan los empleados.
En ese sentido, los trabajadores de la Caja, por medio de su sindicato Undeca, evaluaban ayer mismo una nueva huelga, sin importar que recientemente suspendieron sus labores por una semana, afectando a miles de asegurados.
La decisión del órgano fiscalizador podría aplicarse a otras instituciones rebeldes a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que incluye el recorte de pluses y la regla fiscal, como podrían ser las universidades, el Poder Judicial y los municipios.
El otro golpe que recibieron los sindicatos fue que los legisladores aprobaron en primer debate un proyecto que prohíbe las huelgas en los servicios públicos esenciales, como serían la policía, la salud y el suministro de energía, agua y combustible, entre otros.
La medida pretende evitar “el chantaje y abuso” de los trabajadores públicos, al interponer sus intereses personales por el bien colectivo, según Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana.
Por otra parte, en los casos en los que sí se permiten las protestas, la iniciativa establece el rebajo del día no laborado a los trabajadores, ya que se interpreta que se suspende el contrato laboral y por tanto, los empleados no están obligados a prestar sus servicios, mientras que el patrono no pagaría.
La aprobación definitiva de la nueva ley dependerá de la Sala IV, ya que un grupo de diputados presentó una consulta facultativa para determinar si existe una ilegalidad al proyecto.
El futuro del plan se conocerá en un mes.
Los anuncios de esta semana han sido celebrados por el sector productivo, mientras que los sindicatos denuncian un estado supuestamente totalitario y opresor.