“URGE CIERRE DE INSTITUCIONES Y APROBAR SALARIO ÚNICO”: EMPRESARIOS
Para contener déficit se requieren reformas estructurales
Regular las huelgas en el sector público es fundamental para impulsar agenda
El cierre o fusión de instituciones duplicadas, o que ya perdieron su razón de ser, y la aprobación de la ley de empleo público para hacer más eficiente al Estado son las tareas “urgentes” que debe impulsar el presidente Carlos Alvarado para recortar aún más el gasto público, según el sector empresarial.
Las reformas estructurales son vitales para contener el déficit fiscal y evitar que Costa Rica siga por
la senda del desequilibrio fiscal.
Pensar en nuevos impuestos – como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional a través de un IVA del 16% - está fuera de toda consideración, por lo que se deben enfocar los esfuerzos en el recorte del gasto.
Sin embargo, para impulsar esa agenda vital, primero debe quedar en firme la regulación de las huelgas en el sector público, según Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias.
La normativa -que está en manos de la Sala IV y que ya fue aprobada en primer debate – prohíbe las huelgas en los servicios públicos esenciales como la policía y la salud y, en los casos en que sí se permiten los movimientos de protesta, como sería el de la educación, propone el rebajo automático del día no laborado, al entender que el contrato de trabajo queda suspendido mientras dure la huelga.
En cuanto al cierre de instituciones que ya cumplieron su ciclo, se encontrarían el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Nacional de la Producción y las tres instituciones relacionadas con el sistema de vivienda; asimismo, los empresarios recomiendan centralizar la atención social en un solo ente público, en vez de contar con más de 20 instituciones dispersas.
Este proceso ya está en marcha, si se considera que desde marzo el Ministerio de Planificación anunció la revisión de unas 76 instituciones públicas para determinar su permanencia.
En principio, un proyecto de ley con esa finalidad será presentado en los próximos meses.
En relación con la ley de empleo público, se comenzará con su análisis este martes.
Acabar a largo plazo con las disparidades salariales en el Gobierno es uno de los objetivos de la propuesta.
Se pretende un régimen salarial único de empleo, ordenado en ocho subregímenes de acuerdo con los servicios que brindan los burócratas.
La idea es que el salario de los trabajadores de diversas instituciones se rija por el mercado laboral, y que estos ganen la misma remuneración, sin importar en cuál dependencia se encuentren.
En estos momentos, hay diferencias de hasta ¢3,2 millones mensuales en los sueldos de burócratas profesionales que cumplen una misma tarea, ya sea en el mismo ministerio o en otro lugar del Gobierno central, según la Contraloría.
La propia Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ha señalado que el país requiere de reformas estructurales “de mayor calado”.