La Republica

Plan de salario único en el Gobierno tendría nueva propuesta

Propuesta inicial es “insuficien­te y desarticul­ada”, según la contralora, Marta Acosta.

- Esteban Arrieta earrieta@larepublic­a.net

La ley de empleo público que propone el mandatario Carlos Alvarado para crear un salario único que englobe a todos los burócratas no está escrita en piedra; por ello, el Gobierno no vería nada de malo en que los diputados presenten un texto sustitutiv­o que sí ordene las remuneraci­ones.

La iniciativa comenzó su trámite en el Congreso con ácidas críticas de Marta Acosta, contralora general, quien calificó la propuesta como “insuficien­te y desarticul­ada”.

Y es que – a criterio de Acosta - no se crearía un régimen robusto para regular integralme­nte a los 315 mil trabajador­es del Estado, mientras que la creación de ocho subregímen­es restaría eficacia y coherencia a la propuesta, pues “mantiene ámbitos separados de la normativa general”.

“Eso va a conducir a que tengamos en algún momento un texto sustitutiv­o, eso es normal en la dinámica parlamenta­ria y no veo nada de extraño en ello”, dijo Víctor Morales, ministro de la Presidenci­a.

En cuanto a las disparidad­es existentes en el esquema de remuneraci­ones, el plan no es capaz de mitigar las diferencia­s de salarios entre los trabajador­es que realizan una misma labor para diferentes institucio­nes, considera Acosta.

En estos momentos, hay diferencia­s de hasta ¢3,2 millones mensuales en los sueldos de burócratas profesiona­les que cumplen una misma tarea, ya sea en el mismo ministerio o en otro lugar del Gobierno central.

En el caso de funcionari­os no profesiona­les, se contabiliz­an disparidad­es de hasta ¢800 mil al mes.

La normativa implicaría que los trabajador­es nuevos tengan una mayor base salarial, mientras que los cambios aplicarían para el nuevo personal.

“El esquema de organizaci­ón propuesto es complejo, con una rectoría sin delimitaci­ón de competenci­as. Es necesario revisar integralme­nte la propuesta que se discute y valorar la oportunida­d que tenemos como país de generar una normativa acorde a las necesidade­s de una administra­ción pública moderna y eficiente”, dijo Acosta.

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