Incertidumbre sobre huelgas este año lleva a desconfianza, según empresarios
Confianza de empresarios es la más baja desde 2009
Difícilmente van a invertir en el país los exportadores que no saben si sus productos perecederos van a llegar a tiempo por los bloqueos de calles, o los del sector turismo que dependen de la llegada de los visitantes, según Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras (Uccaep).
Estos son dos ejemplos de cómo la amenaza de protestas está llevando a una caída en la confianza de los empresarios, con una calificación del 5,3 en una escala de 10, un importante descenso del 6,2 de hace un año en la Encuesta Trimestral de Negocios.
“Lo primero que debe pasar es tener esa certidumbre sobre el manejo nacional de las protestas, la huelga es un derecho que no se puede negar, está en la Constitución, pero sí hay que regularla; es el primer paso que debemos dar para generar la confianza”, dijo Delgado este miércoles al presentar los resultados de la encuesta.
Las manifestaciones se traducen en una pérdida de producción que dificulta pagar préstamos de parte de las empresas, así como de los ciudadanos que no recibieron sus salarios.
Por eso, piden que rápidamente se apruebe el proyecto de regulación de huelgas, que en este momento estudia la Sala Constitucional, así como una ley de empleo público y que se permitan jornadas laborales flexibles.
Los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social han acordado realizar nuevas protestas en el momento que se anuncien rebajas salariales en contra de los derechos adquiridos.
Además, los empresarios consultados ya reportan un deterioro en sus actividades, lo cual se refleja en un índice de percepción del 4,8.
Por primera vez en los últimos cinco años, este indicador se coloca por debajo del nivel de 5, que indica una percepción al menos “igual” al del período anterior.
Las protestas de empleados públicos el año pasado redujeron el crecimiento económico en 0,4 punto porcentual, según el Banco Central, incluyendo un 0,3 por lo que dejó de producir el Gobierno y un 0,1 adicional por otras actividades del sector privado que se afectaron como comercio, transporte, hoteles y turismo.