Ruta a San Carlos y a San Ramón son los dolores de cabeza en infraestructura
Burocracia, alto costo y falta de estudios afectan obras
Burocracia, alto costo y falta de estudios afectan obras
Si usted espera con ansias que el Gobierno finalice las ampliaciones de las carreteras hacia San Ramón y San Carlos, es mejor que tenga paciencia, ya que esos proyectos de infraestructura no se terminarán en los dos años que le quedan en la oficina a Carlos Alvarado.
Y es que las dos rutas nacionales se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para todos los gobiernos.
El elevado costo de las obras, la burocracia y la ausencia de estudios técnicos, son males comunes para esas obras de infraestructura.
En el caso de San Carlos, Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, ordenó finalizar el contrato con la constructora Sánchez Carvajal en agosto del año pasado y a la fecha, no se han licitado los trabajos restantes.
Y es que el Gobierno requiere de unos $300 millones para construir el tramo faltante de la obra.
Se estima que los vecinos de la zona norte deberán esperar cinco años más para lograr transitar por la nueva carretera entre Naranjo y Florencia.
Si todo sale como está previsto, le corresponderá al próximo gobierno terminarla, partiendo de que el nuevo cronograma de trabajado planteado por la administración da como fecha de conclusión el 25 de julio de 2025.
Esto significaría que la construcción de esa carretera habría tardado casi 20 años; es decir, que habrían pasado seis gobiernos para completar un proyecto de menos de 40 kilómetros y que se viene prometiendo desde hace 50 años.
“Entiendo la frustración y enojo que deben de sentir los vecinos de la zona, por tener un contrato que lleva 15 años y que aún no se tenga visualizada la conclusión de un proyecto. Haremos todo lo posible por terminarlo”, dijo Méndez.
En cuanto a la ampliación de la carretera a San Ramón, el panorama podría ser menos alentador.
Seis años después de haberse eliminado la concesión que firmó la expresidenta Laura Chinchilla con la empresa OAS, no se han licitado los estudios de factibilidad que garanticen la construcción de la obra por parte del Banco de Costa Rica, ente que administra el proyecto por medio de un fideicomiso.
Al no tener un estimado económico, tampoco existe un plan financiero para ampliar la carretera a varios carriles, ni mucho menos se tiene certeza de cuántos y cuáles terrenos deben expropiarse.
El traslado de servicios públicos es también otra tarea que el Gobierno debe llevar a cabo antes de proceder con la construcción.
Para ir avanzando mientras se realizan todos los estudios y se licita la obra, el Gobierno definió 17 obras impostergables que se financiarán con dinero estatal por un va
lor de $65 millones.
Se espera que algunas de esas obras inicien en el primer trimestre del otro año; sin embargo, esto no significa que se culminará en esta administración.
“Hacer cualquier obra de infraestructura en Costa Rica es muy complicado, por lo que hay que ser paciente. Ahora bien, me atrevería a decir que para construir la carretera se necesitarían al menos dos gobiernos consecutivos que le pongan mucho interés. No veo esta obra saliendo en un plazo menor de ocho años”, dijo Pedro Castro, exministro de Obras Públicas y
Transportes.
Sin embargo, no todo es negativo en materia de infraestructura, ya que el Gobierno culminaría una ambiciosa agenda de infraestructura vial que sí estaría terminada para 2022.
Se trata de proyectos en el anillo de circunvalación, el nuevo puente del Saprissa y el inicio del plan Taras – Lindora, los cuales, ayudarán a tener una mejor calidad de vida para los conductores y a ahorrar recursos.