ANUALIDADES Y SALARIO ESCOLAR NO SE PAGARÍAN A EMPLEADOS PÚBLICOS POR CORONAVIRUS
Medidas son rechazadas por sector sindical
Las anualidades y el próximo salario escolar no se cancelarían a los empleados públicos. El objetivo es dotar al gobierno de Carlos Alvarado de unos ¢170 mil millones para enfrentar la emergencia del Coronavirus.
En el caso del incentivo de las anualidades ya se presentó un proyecto de ley al Congreso, el cual, le dejaría un ahorro de ¢23 mil millones al Estado, dijo Pilar Garrido, ministra de Planificación.
La medida extraordinaria solo aplicaría para este año y excluye al personal de salud y policías.
Por otra parte, el incentivo se volvería a pagar el otro año.
“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia”, dijo Garrido para justificar el plan.
La anualidad consiste en un aumento extra que reciben los empleados públicos todos los años, como premio por obtener una buena calificación en su desempeño. Hoy día, el 55% de los burócratas del gobierno central acumula más de diez años de incentivos.
En cuanto al salario escolar, se trataría de una idea que el Gobierno está evaluando, al considerar que se trata de un plus y no de un ahorro que hacen los trabajadores. De concretarse la propuesta, el Estado podría ahorrarse ¢145 mil millones.
Las propuestas del Poder Ejecutivo en esta materia molestan a los sindicalistas, quienes lamentan que el costo de la emergencia lo estén pagando los burócratas, según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
“Son decisiones con potencial explosivo; de profunda ilegalidad e inconstitucionalidad. Con pandemia o sin ella habrá calle. Las medidas son totalmente contraproducentes para sostener el consumo cuando urge relanzar la reactivación económica”, dijo Vargas.
Por otra parte, el proyecto del gobierno en cuanto a la anualidad tiene posibilidades de mejora, de acuerdo con Rónald Gutiérrez del bufete BDS Asesores.
El primero de ellos, es que el gobierno frenaría el pago de la anualidad en 2020, cuando en realidad la evaluación que sirve para pagar el plus, corresponde al año pasado.
Por otra parte, existe duda sobre la propuesta, al considerar que podría tratarse de una situación jurídica consolidada o derecho adquirido.
El otro aspecto a considerar es que el proyecto dejaría al personal de salud y de Fuerza Pública excluido de la ley, por lo que un empleado público de un ministerio u otra institución, podría alegar que es injustificado y exigir el pago del incentivo.
“En nuestro criterio el proyecto tiene bastantes oportunidades de ser ajustado en su redacción y además requiere de un análisis de fondo especial, para determinar si se están afectando o no, situaciones jurídicas consolidades o posibles derechos adquiridos”, dijo Rónald Gutiérrez del bufete BDS Asesores.