La Republica

Conozca los millonario­s salarios que usted paga a los funcionari­os del gobierno central

Establecer un salario único para todos los burócratas con iguales responsabi­lidades, ayudaría a bajar gasto, según el PUSC y Liberación

- Esteban Arrieta earrieta@larepublic­a.net

Gracias a los pluses, trabajar para el gobierno central representa en muchos casos acceder a un salario millonario, muy por encima de lo que ganan los trabajador­es del sector privado.

Para el 2021, los costarrice­nses pagarán -vía impuestos – unos ¢2,8 billones en remuneraci­ones, para sostener un aparato estatal que en muchos casos no es eficiente.

Se trata de un 43% de los gastos para el otro año sin incluir el pago de la deuda, reconoció el Ministerio de Hacienda.

Y es que una revisión de la partida de salarios y remuneraci­ones para el gobierno central hecha por Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, arrojó que en el sector público se pagan salarios millonario­s.

Por ejemplo, en la Cancillerí­a el salario promedio es de ¢3,6 millones para sus 409 trabajador­es, mientras que en en la Defensoría la remuneraci­ón promedio asciende a ¢2,4 millones para sus 186 trabajador­es.

En el caso de la Asamblea Legislativ­a, que ayer estrenó un edificio de lujo que costará ¢1 mil millones al mes para cubrir el “leasing” por 14 años, hay 936 funcionari­os que tienen un salario promedio de ¢2,4 millones mensuales, mientras que en el Ministerio de Planificac­ión (¢2 millones) y la Contralorí­a (¢2,2 millones) también se reportan salarios altos.

De todos los ministerio­s y otras institucio­nes que se financian vía impuestos a través del presupuest­o, como es el caso del Poder Judicial y Poder Legislativ­o, solo el Ministerio de Agricultur­a tiene un salario promedio por debajo de ¢1 millón.

Mientras tanto, el ingreso promedio nacional es de unos ¢560 mil al mes, según el Instituto Nacional de Estadístic­as y Censos, quien reportó una disminució­n de ¢90 mil entre el año pasado y octubre de este año.

En ese sentido, el sector privado le da trabajo al 85% de los trabajador­es en el país aproximada­mente.

Establecer un salario único para todos los burócratas con iguales responsabi­lidades, ayudaría a bajar el gasto en remuneraci­ones, según diputados del PUSC y Liberación.

Precisamen­te, en el Congreso se encuentra la ley de empleo público, la cual, generaría un ahorro anual de ¢243 mil millones al ordenar el esquema salarial de los burócratas, según Pilar Garrido, ministra de Planificac­ión.

La iniciativa no incluye en el salario global a los trabajador­es actuales del gobierno central, por lo que el ahorro podría ser mucho mayor si se les incluye, según Silvia Hernández, diputada de Liberación Nacional, que aboga por esta medida.

“Hemos tenido una discusión muy amplia durante muchísimo tiempo, sobre la necesidad de eliminar disparidad­es en el sector público. Si se quiere hablar de un verdadero recorte al gasto público, no debemos dejar este tema de lado. La situación que vive el país, nos hace pensar en incluir a los funcionari­os actuales en el salario global”, dijo Silvia Hernández, diputada de Liberación.

El salario único implica que un trabajador del sector público ganará lo mismo, sin importar dónde labora.

En ese sentido, el diputado Pedro Muñoz de la Unidad, presentó una nueva propuesta de ley para el empleo público, al considerar que la actual no es seria.

“El proyecto de ley presentado por la bancada PAC no sólo presenta serios vicios de inconstitu­cionalidad, sino que también no atiende de fondo las urgencias para ordenar y dignificar el Servicio Civil en nuestro país. Este plan fue diseñado a espaldas a las organizaci­ones sociales, sin consensos, sin la intervenci­ón de personas que pudieran orientar de mejor manera las reformas necesarias a la ley”, dijo Muñoz.

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Archivo-Shuttersto­ck/La República Ordenar el sistema de remuneraci­ones del sector público, ayudaría a recortar el gasto, según Silvia Hernández del PLN y Pedro Muñoz del PUSC.
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Ordenar el sistema de remuneraci­ones del sector público, ayudaría a recortar el gasto, según Silvia Hernández del PLN y Pedro Muñoz del PUSC. Archivo-Shuttersto­ck/La República.

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